El espionaje político, primer escándalo de corrupción peñanietista con resonancia internacional desde la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), fue desestimado por este organismo, luego de que sus integrantes decidieron que intervenir las comunicaciones de defensores de derechos humanos y periodistas no constituye un hecho de corrupción.
En la primera prueba para el recién creado SNA hay de antemano un contrasentido, pues Arely Gómez González, secretaria de la Función Pública, es una de sus integrantes, pero en su etapa al frente de la Procuraduría General de la República (PGR) fue cuando se adquirió uno de los paquetes del software espía conocido como Pegasus.