Alerta CNDH sobre la grave lesión al Estado democrático

La Comisión Nacional es un contrapeso sano que debe ser vista como un colaborador del Gobierno que hace notar las áreas en donde se producen violaciones a derechos humanos.

Entre sus funciones está la defensa de la dignidad de las personas y realizar las tareas que tiene conferidas con autonomía y no el erigirse en opositor del gobierno, por lo que si el Ombudsperson fuera suprimido y sus funciones atribuidas a cualquiera de los tres poderes, se lesionaría gravemente el Estado democrático de Derecho, de ahí que los Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH) se pronuncien porque no se revierta el Sistema Nacional no Jurisdiccional de Protección a los Derechos humanos, sino se le fortalezca para hacer respetar los derechos fundamentales.

Así lo expresó el Presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, quien subrayó que en un Estado de Derecho nadie está por encima de la ley, ni es irresponsable de sus actos, ni tiene derechos sin obligaciones.

“Pero, indudablemente, a quien en última y más decisoria instancia se dirige el Estado de Derecho es precisamente al propio Estado, a sus órganos y poderes, a sus representantes y gobernantes, obligándoles en cuanto tales a actuar en todo momento en apego a las normas jurídicas, con el imperio de la ley, con el principio de legalidad, en el más estricto sometimiento a dicho marco institucional y constitucional”, aseguró.

Al participar en el 2° Congreso Internacional de Derecho “Derechos Humanos, Ombudsperson y Contexto Actual”, organizado por el Colegio de Abogados del Estado de Guanajuato y que tuvo como sede el Polifórum de esta ciudad de León, puntualizó que no es concebible una democracia liberal sin un Estado de derecho vigente, que garantice la acción del Estado y, al mismo tiempo, el respeto a los derechos de las personas. Los gobiernos democráticos –dijo— generan certidumbre basados en las leyes y en la práctica.

En este sentido, subrayó que los derechos humanos deben colocarse como el centro que oriente todos los mandatos y políticas de Estado, haciendo explícita la obligación de todas las autoridades de someter, invariablemente, sus actos a su estricto cumplimiento, de lo que resulta necesario crear, comunicar y generar una “cultura de los derechos humanos”, además de contar con un presupuesto público elaborado, ejercido y vigilado con perspectiva de derechos humanos que permee todas las actividades y rincones del país, al tiempo que reconoció el reforzamiento de la protección de distintos colectivos como: las mujeres, niñas, niños y jóvenes, las familias, adultos mayores, migrantes, víctimas del delito, personas con discapacidad, defensores civiles y particularmente, las personas afromexicanas, cuya situación de discriminación ha sido visibilizada por este Organismo Nacional.

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En cuanto a la política social del actual gobierno, que ha priorizado la creación de once nuevos programas de transferencias, brindando ayudas mediante becas y otros subsidios por conducto de su distribución, González Pérez puntualizó que se trata de un objetivo coincidente del gobierno y la CNDH para erradicar la pobreza y la desigualdad; sin embargo, dijo, no compartimos la misma estrategia.

“Nuestra perspectiva es la de ver a las personas como sujetos de derecho, trascendiendo la política asistencial. Los Programas Integrales de Bienestar son una forma de atender la urgencia social; sin embargo, se olvidan de las acciones gubernamentales y políticas públicas que provean un conjunto de servicios que garanticen a las personas sus derechos reconocidos constitucionalmente, como son: escuelas, hospitales, transporte, guarderías, entre otros”.

Expresó su acuerdo con las medidas drásticas para combatir la corrupción; sin embargo, apuntó que las políticas para controlarla, superarla y vencerla han sido contradictorias, ya que debilitar las instituciones en nombre del combate a dicho flagelo no servirá para erradicarlo ni para contribuir a un México más justo y con equidad social.

De ahí que si las causas que motivaron la eventual desaparición o recorte de recursos de INDESOL, INAPAM, CONADIS e IMJUVE.

 

 

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