Este 30 de abril concluyó el segundo mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para investigar la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, por lo que entregó una serie de recomendaciones a la Procuraduría General de la República (PGR) para que continúe con el caso.
En un comunicado, el grupo de expertos dio a conocer las 20 recomendaciones hechas a la dependencia:
- Unificar las causas penales. Esto para que pueden ser concentradas y juzgadas de manera integral.
- No fragmentar el expediente. Aquí piden incorporar al expediente todas las Averiguaciones Previas iniciadas, lo que será clave para determinar las responsabilidad de cada uno de los autores.
- Integrar toda la información de la noche de los hechos con la investigación al grupo criminal, en este caso Guerrero Unidos, para que la Oficina del Caso Iguala tenga al alcance toda la información y contexto.
- Considerar otras violaciones a derechos humanos y ampliar los cargos a los presuntos responsables
- Testimonios pendientes. El GIEI insiste en tomarle la declaración a personajes que considera clave en el caso, como los militares del 27 Batallón de Iguala, funcionarios del municipio y familiares de víctimas.
- Seguir la red de telefonía entre los presuntos responsables para identificar a más involucrados
- Hacer un estudio de balística entre los casquillos encontrados en las zonas clave del caso y las armas de policías de todos los niveles, así como una explicación de peritajes de balística que no fueron notificados.
- Establecer fechas concretas y no expectativas de los resultados de análisis de restos enviados a la Universidad de Innsbruck, Austria.
- Incorporar al expediente la documentación militar disponible, desde los protocolos de actuación de las fuerzas armadas, hasta la recuperación de fotos y videos que involucren a militares.
- Investigar el tráfico de estupefacientes como una de las líneas de investigación para saber si tuvo alguna relación con los ataques a los normalistas.
- Identificación del quinto autobús en el caso así como investigar las versiones de los choferes y empresas de transporte.
- Investigar las denunciar de tortura detenidos por el caso.
- Determinar si actuaron legalmente cada uno de los servidores públicos involucrados cada etapa de los hechos.
- Realizar las capturas pendientes del caso, como la de Felipe Flores Velásquez, exsecretario de Seguridad Pública de Iguala.
- Investigar los recursos de todos los presuntos responsables y determinar si su origen es legal o no.
- Investigar a funcionarios por presunta obstrucción de información en el caso.
- Cambiar la versión pública del caso como una “verdad histórica”, y agregar otros motivos por los cuales los estudiantes fueron atacados. Independientemente de que haya evidencia científica de los restos de uno de ellos.
- No interrumpir las diligencias y continuar con el proceso de búsquedade los normalistas.
- Mantener el diálogo entre los familiares de las víctimas y la Procuraduría.
- Cese a la criminalización de los familiares de los desaparecidos y evitar nuevas maneras de victimizarlos.
Ahora que concluye esta etapa del caso, las líneas de investigación pendientes quedarán a cargo de la PGR, con quien el grupo de expertos tuvo fuertes diferencias al momento de investigar el caso.
Una de ellas fue la grabación de visitas al río San Juan, en Cocula, del director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) Tomás Zerón que no fueron integradas en el expediente y que causaron una serie de acusaciones entre el funcionario y el grupo de especialistas.