ENVÍAN A PRISIÓN A EXGOBERNADOR ÁNGEL AGUIRRE POR DESTRUIR EVIDENCIA DEL CASO AYOTZINAPA

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CDMX 06 Agosto 2026.-  Elementos de la Fiscalía General de la República detuvieron este jueves en el municipio de Tepotzotlán, Estado de México, al exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero. El exmandatario estatal es acusado formalmente por los delitos de desaparición forzada de personas y delitos contra la administración de justicia.

Esta acusación surge de su presunta participación en el ocultamiento de evidencias clave sobre el paradero de los cuarenta y tres normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de dos mil catorce.

Tras su captura, las autoridades federales trasladaron de inmediato al exgobernador al Centro Federal de Readaptación Social Número Uno, conocido popularmente como el penal del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez.

Esta detención se convierte en el golpe judicial de mayor perfil en contra de las autoridades políticas de la época, situándose únicamente detrás del arresto del exprocurador general Jesús Murillo Karam.

La investigación penal en contra de Aguirre Rivero dio un giro definitivo gracias a un nuevo modelo de análisis de la fiscalía federal. De acuerdo con las indagatorias recientes, el exgobernador operó de manera directa para desaparecer las filmaciones obtenidas por las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala.

Dichas grabaciones registraron el momento exacto en que policías locales detuvieron el autobús Estrella de Oro en el que se transportaban los estudiantes normalistas la noche de los ataques.

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La fiscalía detalló que un colaborador civil aportó información a inicios de este año indicando que los videos originales no se perdieron por fallas técnicas, sino que fueron entregados personalmente al entonces gobernador.

Posteriormente, un testigo protegido confirmó que el propio Aguirre Rivero ordenó a los integrantes de su gabinete destruir todo el material probatorio para evitar que se conociera el destino de los jóvenes.

Las autoridades federales calificaron esta acción como una estrategia dolosa coordinada desde la cúpula del poder ejecutivo del estado de Guerrero.


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