CDMX 06 Agosto 2026.- El Gobierno de México obtuvo una victoria jurídica definitiva al librarse del pago de una reclamación multimillonaria interpuesta por fondos de inversión estadounidenses.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones falló de manera unánime a favor del Estado mexicano, desechando en su totalidad la demanda por más de 219 millones de dólares vinculada a los impagos de la televisora de Ricardo Salinas Pliego.
La resolución exime al erario público de asumir costos financieros derivados de un conflicto entre particulares y obliga a los demandantes a resarcir los gastos legales del país.
El tribunal internacional dictaminó que no contaba con la jurisdicción necesaria debido a que los demandantes no cumplían con la calidad de inversionistas protegidos bajo las disposiciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Como consecuencia, los corporativos estadounidenses Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Management deberán pagar a México una suma por concepto de costos y gastos del proceso legal.
La estrategia legal fue coordinada por la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de la Secretaría de Economía, con apoyo de asesores legales externos.
El conflicto inició tras la emisión en 2017 de bonos internacionales por parte de TV Azteca por un valor de 400 millones de dólares.
La televisora suspendió los pagos a sus acreedores en 2020 argumentando afectaciones por la pandemia de COVID-19.
En 2022, un juzgado civil de la Ciudad de México otorgó una medida cautelar a la empresa mexicana, congelando de manera temporal los reclamos de cobro de los fondos.
Al ver bloqueados sus activos mediante amparo local, las firmas estadounidenses recurrieron al arbitraje internacional en 2023 al considerar que el Poder Judicial de México incurrió en una denegación de justicia, exigiendo originalmente que el Estado pagara la compensación millonaria.
La Secretaría de Economía de México reiteró que los mecanismos de arbitraje internacional no constituyen la vía adecuada para mitigar las pérdidas de acreedores en deudas netamente comerciales y privadas.
El laudo final se encuentra bajo un proceso ordinario de revisión de confidencialidad antes de su publicación íntegra en la plataforma del organismo internacional.
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