EL RECHAZO DE LOS TRANS EN GUANAJUATO

Tigres de papel

Francisco Javier mares

MEDIEVAL

Las personas ‘trans’ en el estado de Guanajuato enfrentan rechazo en el trabajo, el sistema educativo, y en la atención a su salud.

En pocas palabras, las personas transgénero en Guanajuato son víctimas de una discriminación sistemática.

El estado niega el reconocimiento legal a la identidad de género, acusan en Informe presentado este martes Human Rights Watch y Amicus DH.

Acá se incumple con el derecho mexicano e internacional. La autoridad niega incluso un procedimiento administrativo que permita que las personas ‘trans’ puedan hacer constar en sus documentos oficiales su identidad de género autopercibida. De legislar en ese sentido, ni hablar.

En México, cada Congreso o Ejecutivo estatales tienen facultades para promulgar una Ley o dictar un decreto administrativo que reconozca legalmente la identidad de género. En 20 estados de la República ya existe ese procedimiento. Guanajuato mira para otro lado.

– “Reconocer la identidad de género reduciría la discriminación que las personas trans sufren…”, argumenta Cristian González Cabrera, investigador de Human Rights Watch.

Pero, no.

En octubre de 2021, la diputada local por Movimiento ciudadano, MC, Dessire Ángel Rocha presentó una iniciativa de Ley de reconocimiento legal del género. Es hora que la mayoría azul no se ocupa del asunto. Lo mismo han hecho en el Congreso de Guanajuato, con iniciativas presentadas en febrero de 2019, octubre del mismo año y abril de 2021.

Antes, en 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, se pronunció en favor del reconocimiento legal de la identidad de género, en un procedimiento que garantice “estándares de privacidad, simplicidad, agilidad y protección adecuada de la identidad de género” establecidos por la Corte Interamericana. En 2022, la SCJN incluyó en ese derecho a los niños, niñas y adolescentes. El Grupo mayoritario del Congreso de Guanajuato y sus apoyadores en las Comisiones y el Pleno, prestan oídos sordos.

Los estados están obligados a armonizar sus leyes y políticas internas con la Constitución federal –Guanajuato es omiso ante estos fallos de la Suprema Corte.

La mayoría panista en el Congreso de Guanajuato, bajo las órdenes del diputado leonés Luis Ernesto Ayala, que rechaza el reconocimiento legal a la identidad de género no asume las implicaciones económicas, legales y sanitarias, la discriminación social a las personas ‘trans’. Las consecuencias de su negligencia. La discriminación provoca retrasos en sus estudios, no acceden a los servicios de salud y se rezagan laboralmente, de acuerdo al informe de Human Rights Watch y Amicus DH.

EL LABERINTO

Human Rights Watch y Amicus DH, entrevistaron a 31 personas ‘trans’ del estado de Guanajuato en abril de este año en León, Irapuato y en la capital Guanajuato.

Diecinueve personas acusan que al no coincidir sus documentos y su identidad de género, fueron discriminadas y humilladas en procesos de contratación o víctimas de acoso laboral cuando obtuvieron un trabajo; en el campo educativo, 13 denunciaron humillación, y doce tuvieron problemas para obtener sus títulos académicos con su género correcto; quince, informaron de dificultades para su atención médica, y once decidieron ir a la medicina particular, cara, para evitar humillaciones en el sector público.

En los 12 estados mexicanos que aún no cuentan con procedimientos para el reconocimiento legal del género, incluido Guanajuato, las personas ‘trans’ deben agotar un juicio de amparo, un proceso que puede ser largo y costoso.

– “Exigir a las personas ‘trans’ de Guanajuato que litiguen su derecho a la identidad es una pérdida de tiempo, energía y recursos de todas las partes”, explica Juan Pablo Delgado, a cargo de Amicus DH y ex candidato de MC a alcalde de León.

Una alternativa para las personas ‘trans’ es tramitar un acta de nacimiento en otro estado, con el riesgo de que el documento no sea admitido por las autoridades de Guanajuato –y complique el trámite de otros documentos oficiales como la credencial de elector o el pasaporte.

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El Informe es público justo entre la marcha LGBTIQ+ en León, intervenida por el oportunismo político del alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro, y la marcha nacional que se concentrará este sábado en la Ciudad de México. La Marcha del Orgullo LGBT, suspendida dos años por la pandemia de ‘Covid-19’. Las personas ‘trans’ regresan a las calles a exigir un alto a la discriminación y su derecho a la identidad.

Devanny Cardiel, activista ‘trans’ en el estado de Guanajuato fue asesinada a tiros la noche del domingo 5 de septiembre de 2021 en su estética en la colonia Paseos del Molino, en la ciudad de León. Fue la primera mujer ‘trans’ en tramitar un amparo para lograr su cambio de identidad en la entidad. La resolución favorable del juez llegó días después de su muerte…

(A)La Jaula

El Desfile de los locos

San Miguel de Allende se siguió de largo con su ‘Desfile de los locos’, que celebra cada año al domingo siguiente de la fiesta de San Antonio de Padua, en plegaria por un buen temporal. El alcalde Mauricio Trejo Pureco, priista todo él, se fue a León a luchar públicamente contra sus antecesores ‘Los Hermanos Panistas’, Luis Alberto y Ricardo Villareal. Los acusa de desviar a sus bolsillos unos 170 millones de pesos del erario. Que aprovecharon tres ‘áreas de oportunidad’: fraudes inmobiliarios, una compra tramposa de equipo de seguridad y la compra falsa de vacunas anti ‘Covid-19’. Trejo Pureco contrató a una firma de abogados que presentó a la Fiscalía de Combate a la Corrupción 31 denuncias. Ahí les van. 29 por fraudes inmobiliarios -138 millones 578 mil pesos-. Una por pagar un software de seguridad que resultó un archivo de fotos -14 millones 848 mil-. Otra por una falsa compra de vacunas anti ‘Covid-19’ -16 millones de pesos-. Un presunto desvío por 169 millones 426 mil 566 pesos ¿Pues qué fue lo que hicieron? Permutas de predios a precios de risa, en perjuicio de las arcas públicas. El software que haría pruebas de control de confianza con muestras de voz, no era tal y nunca fue posible siquiera conectar al C-5. Y la compra de vacunas, bueno, pues no. Obvio, no hubo tal, pero sí dispusieron del dinero y nadie sabe en qué. Estaríamos hablando delavado de dinero, uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, daño patrimonial y abuso de autoridad. Trejo Pureco y los Villareal se llevan nada bien. Eso sí, comparten una visión patrimonialista de la política, francamente de náusea. A Luis Alberto Villarreal lo persigue su pasado político reciente, de ‘moches’ en el Congreso y noches en Vallarta. Se creyó Señor feudal durante la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 en su pueblo. Mauricio Trejo, vinculado a proceso penal por peculado, anuncia que demandará por ‘daño moral’ a un ex magistrado del STJE. Los Villareal dicen que las denuncias de Mauricio, son ‘una cortina de humo’. Trejo y los Villarreal, son las dos malas caras de una misma moneda. El domingo, en San Miguel de Allende había superhéroes, luchadores, demonios divertidos, calaveras, payasos, extraterrestres y mojigangas. El lunes, nada más denuncias penales. San Pascual Bailón asista a los sanmiguelenses.

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