CDMX 5 Mayo 2026.– La justicia en ambos lados de la frontera norte atraviesa este 5 de mayo una jornada crítica. Mientras la Fiscalía General de la República (FGR) profundiza en la presunta pérdida de soberanía operativa en Chihuahua, el sistema judicial estadounidense ha cerrado una de las últimas puertas legales para el exlíder del Cártel de Sinaloa.
En un movimiento sin precedentes, la Fiscalía General de la República confirmó el citatorio formal para que 50 agentes estatales y ministeriales de Chihuahua rindan declaración.
La investigación busca esclarecer la presunta participación de agencias de inteligencia extranjeras en operativos tácticos realizados en suelo mexicano sin el protocolo de coordinación que exige la Ley de Seguridad Nacional.
Fuentes cercanas al caso indican que las pesquisas se centran en incursiones ocurridas en la zona fronteriza, donde se sospecha que elementos locales recibieron órdenes o equipo técnico de agentes foráneos para ejecutar capturas y cateos. La administración federal ha sido enfática:
«La soberanía operativa no es negociable», señalaron portavoces tras el anuncio de las diligencias.
Simultáneamente, desde Nueva York, se dio a conocer que un juez federal negó de forma definitiva las solicitudes de revisión de condena presentadas por la defensa de Joaquín «El Chapo» Guzmán.
El equipo legal del sinaloense buscaba anular la sentencia de cadena perpetua alegando irregularidades en su extradición y supuestos malos tratos en la prisión de máxima seguridad ADX Florence. Sin embargo, la justicia estadounidense ratificó que el proceso se llevó a cabo conforme a derecho, manteniendo al capo sin posibilidad de reducir su tiempo en prisión o modificar sus condiciones de confinamiento.
Estos dos eventos ocurren en un momento de alta tensión diplomática. La presión de Washington por agilizar extradiciones choca frontalmente con la postura de la FGR de revisar con lupa la actuación de agencias externas en el país. Analistas sugieren que este endurecimiento en la vigilancia de los agentes de Chihuahua podría ralentizar la cooperación en materia de inteligencia para el resto del año.
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