En el país con los primeros lugares mundiales en obesidad y consumo de refrescos, una iniciativa presidencial para gravar estas bebidas podría significar un paso en salud pública, pero «se queda corta», según especialistas.
La propuesta, incluida en un proyecto de reforma fiscal presentado el 8 de septiembre pasado, busca cargar un peso extra al costo de cada litro a nivel de producción e importación de bebida azucaradas (refrescos, jugos envasados y otras bebidas, menos jarabes medicinales).
“Habrá un impuesto en apoyo a la salud de los mexicanos al gravarselas bebidas azucaradas con el fin de desincentivar su consumo y, con ello, reducir índices de obesidad, especialmente en nuestros niños”, aseguró Peña Nieto en la presentación.
En cuanto a los beneficios económicos, el impuesto del 10% implicaría un ahorro en costos directos de atención médica para ciudadanos y gobiernos de entre 4 y 21,000 millones de pesos, según un estudio del INSP.
Además, la medida enviaría directo a las arcas gubernamentales unos 13,000 millones de pesos anuales —equivalentes al 18% del presupuesto del Seguro Popular para 2013—, según la senadora Marcela Torres Peimbert, una de las principales impulsoras de la iniciativa en el Congreso.
La propuesta no detalla en qué medidas de salud serán usados los recursos recaudados con el nuevo impuesto, pero el presidente Enrique Peña Nieto ha insistido en que se trata de una reforma con sentido social y que las recaudaciones irán a la población, no a un mayor gasto en la burocracia.
¿Propuesta a medias?
La iniciativa retoma una petición planteada desde hace al menos tres años por organizaciones de la sociedad civil: impuesto a las bebidas con azúcares añadidos como política de salud pública. Pero un peso por litro, equivalente a un 10% de la producción o importación de bebidas azucaradas, es la mitad de lo propuesto por grupos como la Alianza por la Salud Alimentaria, integrada por una veintena de organizaciones nacionales e internacionales avocadas a buscar «una política integral de combate a la obesidad y la desnutrición».
“Nosotros vemos muy bien la propuesta, nada más que hablábamos de un impuesto del 20%”, dijo Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor —una de las organizaciones que integran la Alianza— en entrevista.
Según estimaciones conjuntas del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y la Universidad de Michigan, gravar con el 20% induciría a una reducción de 25.8% en el consumo, lo cual en un plazo de 10 años disminuiría la obesidad en un 7% y el sobrepeso en 5%. La proyección, publicada en junio pasado y basada en estudios nacionales e internacionales sobre el tema, detalla que el impuesto evitaría más de 2.3 millones decasos de diabetes para 2050.
El impuesto del 20% también es considerado la medida «necesaria» por un estudio de investigadores de la Universidad de Oxfordpublicado a mediados de 2012 de cara a la reunión 65 de la Asamblea de Salud Mundial.
«La mejor opción tendría que ser a partir del 20% para tener un impacto significativo en la reducción del consumo de la bebida», añadió Calvillo.
Bebederos públicos, un objetivo
Tanto la senadora Torres Peimbert acomo la Alianza por la Salud Alimentaria e investigadores del INSP coinciden en que, además de los beneficios por la disminución en el consumo de refrescos, el nuevo impuesto representa una oportunidad para construir infraestructura que apoye directamente en materia de salud.
Como un ejemplo, sugieren la implementación de bebederos en escuelas y lugares públicos, particularmente en zonas marginadas del país donde el acceso a agua bebible no está garantizado.
«Por ejemplo, bebederos en todas las escuelas, agua potable en todas las comunidades y otras medidas adicionales se deben implementar para que hubiera un impacto en reducción de obesidad, dijo el director adjunto del Centro de Investigación en Nutrición y Salud (CINyS) del INSP, Juan Ángel Rivera, en entrevista con Carmen Aristegui para CNN en Español.
Según Alejandro Calvillo, “uno de los problemas centrales de la obesidad es el deterioro de los hábitos de hidratación y tiene que ver mucho con la dificultad de acceder a agua para beber», por lo cual el activista repalda el uso del nuevo impuesto para construir bebederos y promover otras medidas de salud.
¿Una medida ineficaz?
A inicios de septiembre el representante de la Organización Mundial de la Salud en México, Carlos Gómez Espinosa, destacó la adopción de impuestos similares en países como Estados Unidos, Dinamarca y Francia. El impuesto también fue recomendado en junio de 2011 por el relator especial sobre el derecho a la alimentación de Naciones Unidas, Olivier De Schutter, en un mandato realizado tras su visita a México. El secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, hizo lo propio en 2012.
Sin embargo, un par de días después de que Peña Nieto hiciera su propuesta fiscal, Coca-Cola México consideró en un comunicado que el impuesto “es ineficaz para combatir la obesidad, discriminatorio e incongruente con una buena política tributaria”, bajo el argumento de que los refrescos solo representan entre el 5.5 y el 6.6% de la ingesta calórica de los mexicanos.
Representantes de la refresquera indicaron, a petición de entrevista con CNNMéxico, que «por el momento Coca-Cola no estará dando entrevistas sobre este tema».
Casi al mismo tiempo, la organización Central Ciudadano y Consumidor(CentralCyC) —fundada en febrero pasado con el objetivo de vigilar la relación entre el consumo, la ciudadanía y el mercado, según su sitio web— presentó un estudio en el cual se afirma que “no hay evidencia sólida que vincule el consumo de refrescos y bebidas azucaradas con el aumento de peso” y que el impuesto podría tener “consecuencias incluso contrarias a las esperadas”.
El reporte de CentralCyC es firmado por el presidente del grupo, Bernardo Altamirano Rodríguez, extitular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
En tanto, el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC), Emilio Herrera, aseguró que la medida afectaría a los productores y a los pequeños comerciantes, y desincentivaría casi el 20% de las inversiones en el sector, según CNNExpansión.
El 19 de septiembre, el secretario de Hacienda Luis Videgaray vinculó el nuevo impuesto a una mejor recaudación, ya que incluiría en la base fiscal a la industria de alimentos y bebidas que actualmente no proporciona información de sus ventas a Hacienda.
México es el mayor consumidor de refrescos del mundo, con un consumo de 163 litros por persona al año, según cifras de la OMS proporcionadas en agosto. El país también tiene las tasas más altas de mortaliad causada por el consumo de bebidas azucaradas, informó en marzo la Asociación Estadounidense del Corazón.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), confirmó en julio pasado queMéxico superó por primera vez a Estados Unidos en la lista mundial con mayor obesidad en el mundo.
Independientemente del impuesto, analistas y organizaciones sociales demandan la implementación de otras medidas para lograr una estrategia integral contra el alto consumo de refrescos, incluyendo un etiquetado que advierta en términos simples los riesgos del consumo excesivo y que la publicidad de estas bebidas no esté dirigida a menores.
El Congreso mexicano analiza actualmente la propuesta fiscal presidencial con ayuda de foros y reuniones con los distintos actores involucrados para llegar a una respuesta.
Efectos del impuesto, desconocidos
Aunque países Finlandia, Dinamarca o Hungría han adoptado este tipo de impuestos, la experiencia internacional hasta el momento no arroja suficiente información sobre el éxito o fracaso de estas medidas.
En Francia, donde un impuesto de 7 euros por cada 100 litros se implementó en enero de 2012 por el gobierno socialista de Francois Hollande, al momento solo se han constatado reducciones de entre 4 y 5% en el consumo pero ninguna en la obesidad debido a que aun no se ha realizado ningún dispositivo de evaluación, informó en diciembre pasado el diario Le Figaro.
Un estudio presentado en abril de 2012 por el Instituto Universitario de Cardiología y Neumología de Quebec, Canadá, concluyó que «los datos que reposan en bases científicas sólidas son aun pobres» para determinar los efectos en salud del impuesto.
En Nueva York, una propuesa del alcalde Michael Bloomberg para prohibir la venta de refrescos mayores de medio litro se encuentra aun en litigio luego de recibir de la industria refresquera un revés judicial en julio pasado, por lo que no han podido observarse los efectos de su aplicación.
En tanto, la Academia Real de Colegas Médicos de Reino Unido planteó en febrero de este año la implementación de un impuesto de 20% a los refrescos pero solo por un plazo de un año, con el fin de observar los resultados, los cuales no se han dado a conocer.
La base de evidencia científica sobre los efectos del impuesto en la salud aun necesita ser fortalecida, indicó la investigación publicada en 2012 por el Departamento de Salud Pública de la Universidad de Oxford.