Guanajuato, Gto. (13 mayo 2025).- El Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato resolvió negar un amparo que promovió el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de León y una persona que se ostentó como representante del CCE de Irapuato, por frenar la reforma normativa del FIDESSEG, impulsada por el Gobierno del Estado.
La autoridad judicial determinó que la suspensión definitiva, o amparo, es improcedente, ya que afectaría el interés social y contravendría disposiciones de orden público, al impedir la operación de un fideicomiso orientado a financiar proyectos sociales en beneficio de los sectores más vulnerables.
El juez concluyó que “no se satisface el requisito legal para otorgar la suspensión, pues se priva a la sociedad de beneficios colectivos”, confirmando así que los intereses particulares no pueden anteponerse al bienestar común.
También se desechó el argumento de pérdida de representatividad, al quedar firme que los Consejos Coordinadores Empresariales siguen contando con cinco espacios dentro del Comité Técnico del FIDESSEG.
Para las autoridades del gobierno del estado, esta decisión fortalece la ruta de legalidad y justicia social que ha emprendido el actual gobierno y refrenda su compromiso con una gestión transparente, eficaz y cercano a la gente.
Cabe mencionar que desde el inicio de gobierno el gobierno de Libia Dennise García Muñoz ledo, anunció cambios en la operatividad de este fideicomiso, que antes estaba administrado por particulares y en el cual se destinaba gran parte del recurso a cuestiones administrativas.
Este fideicomiso se instaló desde el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, el cual permitió un incremento en los impuestos estatales para destinarlos supuestamente a obras sociales y de seguridad en la que los empresarios tendrían voz y voto.
Con el cambio de gobierno las reglas cambiaron, por lo que el CCE de León promovió el amparo.
