Ciudad de México (3 diciembre 2024).- La Cámara de Diputados aprobó este martes en lo general el dictamen de reforma a los artículos 4° y 5° de la Constitución, para prohibir la comercialización de los cigarros electrónicos y vapeadores, así como la venta y consumo de drogas sintéticas, entre ellas el fentanilo.
Tras un debate que se redujo a tres horas, de una sola ronda de intervenciones en favor y en contra, además de los posicionamientos de cada grupo parlamentario, la iniciativa se aprobó por 410 votos en favor –de Morena y sus aliados, pero también del PAN y el PRI—y 24 en contra, de Movimiento Ciudadano. Se registraron entre 30 y 40 reservas, para su discusión en lo particular.
En una sesión que dio inicio con la efeméride del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Morena y sus aliados subrayaron que el dictamen busca “garantizar el derecho humano a la salud” e intervenir de forma decidida para evitar que el consumo de tabaco y otras sustancias sigan perjudicando la salud de las personas, especialmente de los menores de edad y los jóvenes.
El morenista Roberto Ramos, quien resaltó su formación profesional como neumólogo pediatra, destacó que quienes han tenido contacto en hospitales con pacientes de fibrosis pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y otros males respiratorios, saben que la “génesis” de las mismas son las sustancias tóxicas que la enmienda prohíbe, y rechazó que los cigarros electrónicos sean menos dañinos que los productos de tabaco tradicional.
De su lado, Gerardo Ulloa también de Morena, advirtió que, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022, en México al menos un millón de adolescentes y 15 millones de adultos son usuarios regulares de tabaco, cuya salud sufre graves afectaciones por dicho producto.
En sentido contrario, y con tono irónico, Iraís Reyes (MC) subió a tribuna para fumar un vapeador “antes de que Morena prohíba el ejercicio de nuestras libertades, porque su política pública en materia de salud no les da para más”.
La legisladora resaltó que prohibir sustancias no desincentiva su consumo, sino que únicamente genera un “mercado negro” que sólo fortalece a los grupos delincuenciales que lo controlan, y le impide a los consumidores saber qué están adquiriendo. Además de ello, impide que la regulación de los vapeadores pueda recabar unos 12 mil millones de pesos anuales a través del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS).
