En Michoacán fueron detenidos 19 sujetos relacionados con el asesinato del alcalde de Tanhuato, el panista Gustavo Garibay García.
Este domingo el comisionado para la seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo, informó a través de su cuenta oficial de Twitter, que la Procuraduría General de Justicia de Michoacán logró obtener las armas con las que se cometió el crimen, así como a los autores materiales e intelectuales.
Será este lunes cuando se ampliarán los detalles en la casa de gobierno de Michoacán, en Morelia.
El asesinato de Garibay generó versiones contradictorias respecto al dispositivo de seguridad para el funcionario municipal tras sufrir un ataque previo hace un par de años.
Mientras militantes del Partido Acción Nacional (PAN) en el estado acusaron el «irresponsable» retiro de la seguridad federal asignada a Garibay, y una supuesta negativa de las autoridades estatales y federales para reponerla, el gobierno de Michoacán respondió que en su momento el propio alcalde rechazó tener como escoltas a policías de la entidad.
Integrantes del PAN michoacano —donde militó Garibay— indicaron que en agosto del año pasado se le había retirado al alcalde una escolta de elementos de la Policía Federal, asignada después de que sobreviviera a un ataque armado en octubre de 2012 —todavía durante el sexenio del también panista Felipe Calderón.
En ese momento los panistas michoacanos pidieron que se restituyera la seguridad federal a Garibay, «ante el temor fundado de la ejecución de un nuevo ataque armado», según un comunicado que emitió este sábado el PAN de Michoacán.
El gobernador priista de Michoacán, Fausto Vallejo, dijo el 22 de marzo que desde octubre de 2013 su gobierno le ofreció a Garibay elementos de seguridad estatales, «para que fungieran como escoltas del alcalde, luego de que sufriera dos atentados».
Pero en su momento el alcalde los rechazó, según el mandatario estatal.
Vallejo dijo que Garibay había recibido amenazas de la delincuencia organizada, porque lo querían extorsionar, así que esa puede ser una línea de investigación.
La presidenta nacional del PAN, Cecilia Romero, expresó que el gobierno federal había cometido una «gravísima omisión» al negarse a restituir la escolta federal a Garibay, que «de manera inexplicable” se retiró a pesar de la solicitud de agosto de 2013.