Morelia, Mich. (29 junio 2025).- El Congreso de Michoacán busca castigar con prisión y multa a quienes se apropien indebidamente del dinero de adultos mayores y personas con discapacidad, beneficiarios de programas sociales, mediante el uso fraudulento de sus tarjetas bancarias.
La iniciativa, dictaminada por las comisiones unidas de Justicia y de Fortalecimiento Municipal, propone tipificar como delito el abuso de confianza específico, cuando alguien disponga para sí o para terceros del efectivo contenido en tarjetas de apoyos sociales sin consentimiento del titular.
El diagnóstico legislativo advierte que en varios municipios de Michoacán se repite una práctica nociva: personas cercanas a adultos mayores o con discapacidad, a quienes se les confían las tarjetas para cobrar sus pensiones, se quedan con el recurso y lo usan para su propio beneficio.
Esta conducta, según el dictamen, ha proliferado sin que existan sanciones claras.
La reforma, que podría ser aprobada este 2 de julio en sesión legislativa, contempla además una modificación a la Ley Orgánica Municipal, para obligar a los ayuntamientos a ofrecer acompañamiento jurídico inicial a las víctimas, muchas de las cuales carecen de recursos o desconocen los pasos para presentar una denuncia.
La iniciativa considera que esta figura penal es necesaria y proporcional, ante el daño económico y moral que sufren las víctimas, y busca erradicar una forma encubierta de discriminación que perpetúa la impunidad contra sectores vulnerables.
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