El lunes por la tarde fue presentada una demanda de amparo contra resolución del SAT, que se negó a entregar información fiscal de la primera dama Angélica Rivera, indicó el abogado Luis Pérez de Acha.
Refirió que la casa de Rivera, ubicada sobre Paseo de Las Palmas, en Lomas de Chapultepec, Distrito Federal, “fue reportada en su declaración de impuestos en una cantidad de 42 millones, cuando en el registro público de la propiedad aparece con 27 millones. Uno de esos indicios son los que nos señalan que algo mal está en la declaración de impuestos”.
“Nosotros decimos al SAT: algo no cuadra, por lo tanto, nada más tú ratifícanos que esa información es verdadera, nada más, es lo único que estamos pidiéndole, primero al SAT y ahora al juez, ahora corresponde al juez evidenciar cuál es la verdad en esta situación. Es un camino que va a tomar algún tiempo, pero va en la línea contraria de decir que se trata de un caso cerrado. No puede haber casos cerrados de este tamaño”, sostuvo.
Sobre la compra de la casa de Palmas, abundó, “algo está descuadrado, y nosotros nada más estamos diciendo al SAT: ¿es cierto que recibió 130 millones de pesos por parte de X empresas televisoras?, ¿es cierto que se le retuvieron los impuestos?, ¿es cierto que manifestó tales valores de la casa de avenida de Las Palmas?”.
“En lugar de darle vueltas… si todo está correcto y todo es transparente, lo que procede es que nos digan simplemente: sí es verdad lo que está ahí plasmado… El SAT contestó que no era competente, que no tiene facultades en la ley…. (pese a que) es la única dependencia de todo el país que tiene la base de datos de 38-40 millones de contribuyentes, no hay nadie más en el país que lo tenga”, sostuvo.
Ante ello, consideró que el SAT le “está dando largas al asunto, con puras argucias o pretextos legales”, o bien debe “admitir que no se tiene la información, lo cual tiene implicaciones políticas muy serias”, señaló.
Pérez de Acha adelantó que sobre el tema podría hacer una solicitud de información al Ifai.
En la demanda de amparo, fueron tres las autoridades señaladas como ‘responsables’ (demandadas):
1) Jefe del SAT, 2) Administrador General de Servicios al Contribuyente, 3) Administradora Central de Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos.