El contrato para comprar el nuevo avión presidencial por 6 mil 700 millones de pesos no puede conocerse públicamente, porque el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, lo ha clasificado como “reservado”.
En respuesta a una solicitud de acceso a la información, hecha por esta primera emisión de Noticias MVS desde julio pasado, Banobras consideró que transparentar el contenido de ese contrato violaría los secretos bancario y fiduciario, aun cuando estén de por medio recursos públicos.
Banobras fue designada, durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón, como la instancia encargada de transferir el dinero a la compañía estadounidense Boeing, para la compra del 787 Dreamliner. Sin embargo, el equipamiento estará bajo vigilancia del Estado Mayor Presidencial.
Ante la negativa de Banobras para transparentar el contrato, se solicitó la intervención del Instituto Federal de Acceso la Información y Protección de Datos, el Ifai, cuyos comisionados decidirán si ese archivo debe ser público o, por el contrario, permanecerá clasificado.
Hasta el momento, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sólo ha transparentado documentos sobre las condiciones técnicas, de operación y seguridad del avión, que incluyen la capacitación para los pilotos y los vuelos de prueba, como el realizado el pasado jueves 9 de octubre, cuando el avión aterrizó en la base de Santa Lucía del Ejército, en el Estado de México.
El jueves pasado, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, explicó que aún falta el equipamiento de la aeronave: “El avión se está entregando por parte de la fábrica para su equipamiento probablemente en estos días sea esa entrega pero no es que llegue para ponerse en operación, llegará a un punto para equiparse y se entregará en septiembre del año que entra ya listo para operar”.
Durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón se fijó en 7 mil 520 millones de pesos el costo total del nuevo avión, incluido el equipamiento especializado, según consta en un análisis de la Sedena al que tuvo acceso MVS el 15 de julio de 2013.
Esta inversión con recursos públicos alcanzaría para cubrir la mayor parte de las afectaciones ocasionadas por el huracán “Odile”, que azotó la península de Baja California el 15 de septiembre, de acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Turismo.
Esta misma bolsa de dinero, equivale al presunto desfalco de la compañía petrolera Oceanografía a Banamex, estimado por las autoridades en 580 millones de dólares.
Con información de MVS