Rodeado de vallas metálicas y de cientos de policías ante las protestas de manifestantes, el Senado mexicano se prepara para iniciar este jueves la discusión de la reforma energética, considerada la más importante para el gobierno de Enrique Peña Nieto y la de mayor trascendencia para el sector desde la expropiación petrolera de 1938.
Conocida entre los legisladores como «la madre de todas las batallas» debido a la controversia que genera, la reforma comenzará a debatirse a las 17:00 horas (local) en las comisiones unidas de Energía, Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, Primera.
Con ello empezará una ruta legislativa de al menos cinco días consecutivos, que terminarán con la votación del documento ante el pleno el próximo lunes, según estimó el senador priista David Penchyna, presidente de la Comisión de Energía.
El proyecto de dictamen que se dará a conocer es elaborado por los senadores del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), lo que ha molestado a la izquierda incluso desde antes del inicio de la discusión.
«No han sido convocados ninguno de nuestros senadores integrantes de estas comisiones», acusó este miércoles la senadora Dolores Padierna, vicecoordinadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara alta.
El PRI quiere acelerar la discusión para que la reforma quede aprobada en este periodo ordinario de sesiones —que concluye el 15 de diciembre— y entre en vigor lo antes posible.
Peña Nieto afirma que la reforma es clave para impulsar la economía y lograr un crecimiento del 6% anual. Según el presidente, para conseguirlo es necesario abrir el sector energético a la inversión privada, tanto nacional como extranjera, para que la industria petrolera y eléctrica se modernice y sea más productiva.
«Nuestra producción ha decaído sustancialmente. (…) Para aprovecharla se requiere de tecnologías de vanguardia, conocimientos especializados, pero, sobre todo, se necesita una reforma energética de fondo», dijo el mandatario el 12 de agosto al dar a conocer su iniciativa.
La propuesta, sin embargo, genera división entre ciudadanos y las principales fuerzas políticas de la oposición.
El PAN es partidario de la inversión privada en el sector energético. No obstante, exige modificar la Constitución para establecer que particulares puedan recibir concesiones para explotar hidrocarburos, en vez de solamente participar con el Estado en contratos de utilidad compartida como los que plantea Peña Nieto.
Por el contrario, el PRD rechaza los cambios constitucionales argumentando que implicarían entregar a empresarios los recursos energéticos del país, lo que Peña Nieto niega.
«Yo estoy convencido de que lo que quieren hacer constituye un verdadero atraco contra la nación, contra su desarrollo soberano, y hasta por seguridad nacional no debieran continuar en esta lógica privatizadora en la que quieren avanzar», dijo este miércoles a medios el líder del PRD, Jesús Zambrano.