Juez asesinado analizaba amparos de cárteles de la droga

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JUEZ

Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, el juez federal asesinado el lunes, tenía en sus manos juicios de amparo promovidos por líderes del crimen organizado pertenecientes a los Cárteles del Golfo, de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Guerreros Unidos y Los Zetas.

Sin embargo, el juez no contaba con escoltas ni condiciones especiales de seguridad, puesto que no existían reportes de amenazas en su contra, según informes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Bérmudez Zacarías comenzó a ejercer como juzgador federal en diciembre del 2013, fecha en la que fue designado como titular del Juzgado Sexto Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigo e Intervención de Comunicaciones con residencia en el Distrito Federal.

Entre las resoluciones más importantes que el juzgador federal emitió como juez especializado destaca una orden de arraigo por 40 días que dictó en contra de Abigael González Valencia“El Cuini”, considerado uno de los máximos líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) junto con Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

El arraigo contra “El Cuini” fue decretado a principios de marzo del 2015, unos días después de que el capo fuera capturado en Puerto Vallarta, Jalisco, junto a dos colombianos y un venezolano. La orden de arraigo fue decisiva para mantener en prisión al presunto narcotraficante, debido a que no contaba con una orden de aprehensión vigente al momento de su captura.

Posteriormente, el gobierno de Estados Unidos de América presentó una solicitud formal de extradición en contra de Abigael Valencia, misma que se ejecutó cuando el presunto líder del CJNG ya se encontraba sujeto al arraigo.

A partir de enero del 2016, asumió como Juez Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Civiles Federales en el Estado de México, por lo que en los últimos diez meses le tocó admitir y revisar expedientes relacionados con líderes del crimen organizado y empresarios que han sido vinculados a grupos delictivos.

En su nuevo cargo, a Bérmudez Zacarías nuevamente le tocó revisar un proceso penal vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación: en su juzgado se presentó el amparo  1412/2016 interpuesto por el  director del diario Unomasuno, Naim Libien Kaui, medio de comunicación que fue incluido por el gobierno de Estados Unidos en la lista de empresas que “lavan” dinero para una agrupación criminal.

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El juzgador federal se declaró incompetente para resolver el fondo del asunto y turnó el caso a un Juez de Distrito con sede en la Ciudad de México.

Otros juicios de amparo que estaban bajo el análisis del fallecido impartidor de justicia son los que en su momento presentaron el ex líder del Cártel del Golfo, Mario Cárdenas Guillen; el máximo cabecilla de “Los Zetas”, Miguel Ángel Treviño Morales; el supuesto lugarteniente de “Guerreros Unidos” y responsable del secuestro de 43 estudiantes normalistas en el municipio de Iguala, Gildardo López Astudillo, “El Gil”; así como un amparo promovido por uno de los pistoleros con mayor historia al interior del Cártel de Sinaloa, Javier Torres Félix, “El JT”.

Los amparos impugnan órdenes de traslado de un penal a otro de los presuntos líderes delictivos, por lo que de resolverse a favor o en contra de los involucrados no afectarían las sentencias que se pueden dictar en las causas penales correspondientes, ni tampoco lograr la liberación de los implicados.

Incluso, a Vicente Antonio Bermúdez Zacarías le tocó conocer de un amparo presentado por la defensa de Joaquín “El Chapo” Guzmán para frenar su extradición a Estados Unidos, pero el abogado del sinaloense, José Refugio Rodríguez, advirtió que esa impugnación no tuvo ninguna incidencia en el proceso, puesto que los juicios principales se encuentra en la Ciudad de México.

“Ni siquiera conocí al juez, lamento la noticia que se dio a conocer esta mañana”, respondió el abogado de “El Chapo” a una consulta de Aristegui Noticias.

Fuentes del Consejo de la Judicatura señalaron que a pesar de todos estos casos, el impartidor de justicia no contaba con amenazas de ninguna índole, por lo que tampoco tenía servicio de escolta ni medidas de protección especial.

Antes de su nombramiento como juez federal,  Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, fungió como secretario de acuerdos en tribunales federales de Sinaloa y Guanajuato que también revisaban cuestiones penales, pero ya en casos de apelación.

 

 

 


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