Las organizaciones civiles, académicas y empresariales a nivel nacional se unieron para exigir reformas legislativas más severas para que los funcionarios públicos, legisladores y gobernadores en el país no tengan inmunidad a través del fuero y evitar con ello la impunidad, ante actos de corrupción de los que sean objeto.
Dichos organismos presentaron las actividades que estarán impulsando con el lema #VamosPorMás a través del cual se pretende que las prácticas de corrupción lleven además de un castigo, la reparación del daño a la nación.
El documento lo firman los presidentes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), de la Zona Metropolitana de León, Jorge Ramírez Hernández, del municipio de Irapuato-Salamanca, Javier Campos Vaca y de Coparmex Celaya, Juan Yúdico Herrasti.
“Hace un año, en la promulgación de las leyes que darían lugar al Sistema Nacional Anticorrupción hicimos saber a los poderes de la Unión que “iríamos por más”, y enfatizamos que no bastaban las primeras siete leyes del Sistema; insistimos en que la transformación de un régimen gravemente afectado por corrupción, impunidad, y violaciones a los derechos humanos, requería un esfuerzo continuo y permanente de la ciudadanía y una respuesta eficaz de nuestras autoridades”, señala el documento que fue emitido.
Tanto activistas como empresarios piden que se reforme en cuestión de las leyes de Adquisiciones y Obra Pública, aquellas relativas a los partidos políticos y revisar la figura del fuero federal para evitar la impunidad.
“Prácticas de corrupción y lacerante impunidad. No podemos aceptar esta, como nuestra realidad. Hay que tomar el control, antes de que sea demasiado tarde. Lo decimos con una sola frase: seguiremos trabajando contra la impunidad y contra la corrupción; por un México más íntegro, #VamosPorMás”.
Se explica que #VamosPorMás es una coalición plural que caminará con organizaciones civiles de todo el país y con aquellos funcionarios y legisladores que quieran aprovechar hasta el último día de esta administración federal para impulsar reformas y acciones.
“Nuestras instituciones deben trabajar más allá de los ciclos electorales. Y antes del cambio del Poder Ejecutivo Federal y del Congreso, hay mucho que puede hacerse para encarar corrupción e impunidad: políticas públicas, reformas legislativas, compromisos concretos de todos los partidos y candidatos”, refiere el escrito.
VIOLACIONES
Tanto el empresariado como los líderes de la sociedad civil, señalaron que la corrupción, impunidad y violaciones graves de los Derechos Humanos son enfermedades que están minando la salud de la nación y que amenazan su desarrollo económico, político y social.
“Padecemos, todos, una profunda e indignante injusticia. Y no podemos ni estamos dispuestos a acostumbrarnos. Este fenómeno se ha agudizado en los últimos años. Un ambiente permisivo desde los ámbitos público y privado, aunado a la falta de instituciones y mecanismos eficaces para impulsar transparencia, rendición de cuentas y para reducir la impunidad, ha acrecentado la problemática. Hemos llegado a un punto insostenible”, apuntó.
Indican que este es el momento de que los ciudadanos del sector público, privado y social lleven a cabo la tarea para la construcción de un verdadero Estado de derecho, así como piso firme del desarrollo nacional, tomar control sobre la realidad.
“El andamiaje legal del Sistema Nacional Anticorrupción es apenas el primer paso en la construcción de ese piso firme. Los más de 634 mil ciudadanos que impulsamos la iniciativa ciudadana #3de3 y el primer paquete legislativo anticorrupción, siempre supimos que para desterrar la corrupción e impunidad sería necesario seguir planteando ideas, haciendo propuestas y exigiendo derechos”.
“No hay duda. El nuevo Sistema Nacional Anticorrupción está despertando; y también está despertando resistencias”, manifiesta.
RESISTENCIA
Se habla de la resistencia que han mostrado algunos grupos políticos y funcionarios que se han opuesto para continuar con sus privilegios.
“Hemos identificado renuencia de algunos de los Congresos locales a trabajar con las organizaciones civiles y académicas de los estados mediante la figura de Parlamento Abierto; hemos visto indiferencia hacia mejores prácticas al momento de hacer nombramientos tanto del Sistema Anticorrupción, como de sus espejos en los estados; y, hemos atestiguado flagrantes atentados contra el derecho a la privacidad y libertad de expresión de periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. Esto tiene que parar”, apunta el documento girado a los medios de comunicación.
“Y aquí estamos; convencidos de que la exigencia social logrará terminar con la simulación y traerá una transformación profunda de nuestras instituciones públicas y vicios privados”, señala.
