Eduardo Medina Mora está señalado en Estados Unidos como un funcionario mexicano que conoció y permitió la introducción de armas ilícitamente a territorio mexicano desde ese país, una operación conocida como Rápido y Furioso; si eso sucedió, cometió un delito; por este caso podría ser llamado a declarar, si la PGR realiza la investigación correspondiente, indicó el abogado Gonzalo Aguilar Zinser, quien impulsa una denuncia presentada por la organización “[Des]arma México”.
En entrevista para Noticias MVS primera emisión, refirió que hace mucho tiempo (desde 2009) que ocurrieron estos hechos y, en México, no hay “voluntad” para hacer una investigación seria sobre la operación con la que se permitió el trasiego de armas a México, con el propósito de identificar la forma en que se mueven los carteles de la droga.
Zinser sostuvo que la PGR debe deslindar responsabilidades, pues hasta ahora las autoridades mexicanas sólo se han limitado a negar que hayan conocido de esta operación durante el sexenio de Felipe Calderón.
“Pero hay evidencias que determinan que funcionarios mexicanos conocían, habían participado y toleraban la operación de ese programa”, precisó.
Señaló que el tema cobra relevancia ahora, porque Eduardo Medina Mora fue propuesto para Ministro de la Corte, fue titular de la PGR, y existen manifestaciones de funcionarios norteamericanos en el sentido de que tenían contacto con funcionarios mexicanos, entre ellos el ex procurador.
“Hay uno particularmente importante”, indicó el abogado. “Es una información relativa a que le comunicaron al entonces procurador general de la República del fallido operativo de entrega de armas… el convoy debía ser seguido por agentes mexicanos. Informa una funcionaria de EU… que se perdió a los 25, 30 minutos de haberse introducido al territorio mexicano… esa información lo que dice es: le informamos al procurador general de la República del incidente y en esa época era Eduardo Medina Mora”, expuso.
“Lo que estamos persiguiendo con la denuncia… es que la autoridad mexicana tome seriamente los datos proporcionados por el Senado de Estados Unidos… porque ahí hay manifestaciones de funcionarios norteamericanos, pertenecientes al departamento de Justicia de Estados Unidos, que dijeron claramente, ante autoridades norteamericanas del Senado de Estados Unidos, que autoridades mexicanas formaban parte, o participaron activamente, directamente, en la toma de decisiones, en la planeación de Rápido y Furioso”, apuntó.
“Lo que quiere decir esto es que funcionarios mexicanos, sin cumplir con los protocolos de las leyes que así lo establecen, realizaron operaciones controladas de introducción de armas a la República mexicana, para ser entregadas a la delincuencia organizada. Armas que desde luego contribuyeron, no son causa… que contribuyeron en una gran medida, a elevar la violencia en México. No son la causa, son una explicación de la errónea o equivocada política de control que el gobierno mexicano implementó en las administraciones pasadas y ha seguido implementando para tratar de contener la delincuencia y la violencia que en México sigue creciendo”, continuó.
“Hoy hay un candidato a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, embajador de México en los Estados Unidos, tengo la impresión de que un excelente funcionario público, con gran responsabilidad, pero que sin embargo, de acuerdo a la manifestación de funcionarios norteamericanos, formó parte, o participó, o tuvo conocimiento, o al menos permitió que funcionarios de EU participaran y permitieran a través de delincuentes que cruzaron la frontera de Estados Unidos a México, que traían armas, que había un trasiego de armas ilegales entrando al país, lo cual constituye que, si se determina su nombramiento como ministro de la Suprema Corte de Justicia, pudiera ser citado dentro de algunos meses en una averiguación previa en materia federal, para determinar su participación en los hechos, eso es lo que es trascendente, averiguación previa que ya existe”, subrayó.
“No cabe duda que la operación de Rápido y Furioso, dentro de la legislación penal mexicana, fue un delito, se cometió un delito a través de esta operación. Fueron entregadas armas de alto calibre a la delincuencia organizada, que al menos está probado su uso en una cantidad enorme de delitos en Chihuahua, Sonora, Baja California y Tamaulipas… tenemos el caso de Villas de Salvárcar (en Ciudad Juárez)… se usaron al menos dos armas de alto calibre que venían del programa Rápido y Furioso, que privaron de la vida a un número elevado de jóvenes absolutamente inocentes, que no tenían antecedente alguno de formar parte de bandas de la delincuencia”, detalló.