A partir de la detención de Joaquín Guzmán Loera el pasado 8 de enero, Kate del Castillo ha sido víctima de una clara violencia institucional por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) y del propio Secretario de Gobernación, en donde no sólo se le han violado sus más elementales derechos a la dignidad humana, honor, vida privada, presunción de inocencia y debido proceso, sino que además, se le ha impedido acceder a una adecuada defensa conforme a dichos derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales sobre la materia.
Hasta el día de hoy, su equipo de abogados y un grupo de expertos en Derecho Procesal Penal han podido documentar innumerables filtraciones de la PGR respecto de documentos, constancias, imágenes y datos personales que presuntamente obran en una averiguación previa en contra de Kate del Castillo. Muchas de ellas han sido filtradas a colegas periodistas por el propio secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; algunas han sido filtradas por personas no identificadas; pero las más notables fueron filtradas por la propia titular de la PGR, quien en entrevistas a los medios de comunicación y a la prensa, ha señalado que Kate del Castillo está siendo investigada, se han detallado diligencias ministeriales que supuestamente se practican en su contra e incluso se han señalado los supuestos delitos por los que está siendo investigada.
Todo ello en franca violación al artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales el cual establece que las indagatorias y los datos personales de las personas investigadas deben estar en estricta reserva.
La forma en que la procuradora ha actuado frente a este caso deja mucho que desear y más por investigar. Por ejemplo, la procuradora Arely Gómez ha eximido públicamente de cualquier responsabilidad penal a los socios de Kate, Fernando Sulichin y José Ibáñez, coproductores que estuvieron presenten en todas y cada una de las comunicaciones entre los abogados de Guzmán Loera y la casa productora de la película; ellos no han sido señalados. Igualmente la procuradora aseguró que no se investiga aSean Penn que fue quien orquestó, organizó y solicitó la visita presencial con Guzmán Loera.
Vale la pena preguntar cómo y por qué del equipo de producción cinematográfica que trabajó junto durante meses e hizo todo con firmas mancomunadas, las autoridades mexicanas sólo eligen investigar, desacreditar y atacar a la actriz mexicana.
También resulta incomprensible que la procuradora haya mentido ante los medios, quienes irresponsablemente han repetido los dichos de la autoridad sin exigir una sola evidencia física de los citatorios.
Lo cierto es que nunca se envió un citatorio al consulado, tampoco llegó uno a la casa de la productora y actriz de cine Kate del Castillo.
Fue hasta semanas después de que la procuradora anunciara falsamente que Kate nunca se presentó, cuando sus abogados recibieron una orden de presentación como testigo.
El equipo de abogados tanto norteamericanos como mexicanos asegura que no hay delito que perseguir, que en realidad se trata de una cortina de humo y parece un castigo contra la mexicana que evidenció al poder judicial y al poder ejecutivo al atreverse a aceptar contar la verdadera historia del capo de Sinaloa.