CDMX 6 Junio 2026.- Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo detalló los alcances de la iniciativa de reforma constitucional enviada al Poder Legislativo que busca eliminar las pensiones exorbitantes y de privilegio de los exfuncionarios públicos de altos mandos de confianza.
El objetivo central de la propuesta es generar una bolsa de ahorro estimada en 5 mil millones de pesos, recursos que serán transferidos de manera íntegra para fortalecer los Programas para el Bienestar administrados por el Gobierno Federal.
La propuesta, encaminada a modificar el artículo 127 de la Constitución Política, establece un tope estricto para que ninguna jubilación o pensión de exmandatarios, directores o personal civil de confianza del sector público exceda el 50% de las remuneraciones mensuales que percibe la titular del Ejecutivo Federal.
Esta medida se suma a los lineamientos de austeridad republicana, buscando frenar casos documentados en administraciones pasadas donde exintegrantes de organismos descentralizados, así como de las extintas Luz y Fuerza del Centro y mandos de Pemex, conservaban percepciones mensuales que superaban el millón de pesos.
Puntos clave de la reforma constitucional
- Ninguna pensión de altos mandos de confianza superará la mitad del salario de la Presidenta de la República.
- La normativa aclara explícitamente que no se afectará a los trabajadores de base ni las jubilaciones amparadas bajo contratos colectivos de trabajo.
- El dinero recuperado por el recorte de las «pensiones doradas» se blindará para fondear las Pensiones de Adultos Mayores y Personas con Discapacidad.
El anuncio de esta reforma coincide con el balance de egresos del gobierno federal, donde se proyecta que los programas de Bienestar alcancen una cobertura histórica de 42.8 millones de derechohabientes hacia el cierre de 2026.
Al consolidar este ahorro presupuestario, la administración federal busca reducir la presión de financiamiento fiscal que conllevan los apoyos directos como las pensiones universales y las becas educativas básicas, consolidando un esquema de redistribución de recursos sin la necesidad de adquirir deuda pública externa.
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