El Centro de Promoción de los Derechos Humanos de Niños y Adolescentes (NIMA) solicitó ha gobierno del Estado atienda a las víctimas de la violencia que trajo consigo los tres asesinatos en la comunidad de Ampliación Cieneguita, ya que se vive un clima de impunidad y una afectación emocional.
“Incluimos el caso de San Miguel de Allende, dada la gravedad del asunto, tuvimos tener visitas, víctimas, revisión de versiones y una línea de investigación, que buscaba no sólo centrarse en la justicia penal, es decir sancionar al responsable, sino entender el fenómeno producto de la violencia social vinculada al narcotráfico,
También se solicitó además se atienda a las víctimas colaterales del hecho, como lo son la comunidad escolar y la población de la comunidad.
El director de dicho centro, Raymundo Sandoval Bautista, dijo que pedirán se apliquen los protocolos específicos que marca la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en referencia a la esta lucha contra el crimen organizado, donde ya se ha registrado agresiones contra inocentes, entre ellos niños.
“Nosotros creemos que esa esfera no se ha explorado profundamente por el estado, y se ha centrado en la justicia penal y la sanción al supuesto responsable, otras esferas podría ser la de derechos humanos, es decir la reparación del daño a nivel comunitario, y como además ver la situación entre particulares (padres e hijos) se vea como una cuestión de derechos humanos, donde la población sanmiguelense tiene el derecho de conocer que paso, es decir derecho a la verdad,
El activista explicó que NIMA realizó una investigación en dicha comunidad, y existe una afectación emocional, pero además un clima de impunidad.
Comentó que han observado dos tipos de daños, el primero que no hubo claridad sobre los hechos, y no hubo una política de atención a la escuela como víctimas indirectas del hecho, por lo que existe una indignación social.
«Hubo normalización de la violencia, se generó un tabú vinculado a la delincuencia organizada.
Dijo que esta falta de información ha generado un quebranto a la relación de las instituciones del Estado con la comunidad, porque no hay una reparación del daño.
El activista manifestó la necesidad de trabajar en el tejido social, en las relaciones de confianza en la comunidad.
«Observamos que se encuentra en un contexto de impunidad, a nivel municipal y estatal, hay un nivel de desconfianza a las autoridades, pero además de mucha indignación generada por la falta de información de la institución, y las diferentes aristas incluso dentro del tema partidista, o político frente al caso, eso desmotivo la movilización social», apuntó.