La polémica reforma energética promovida por el presidente Enrique Peña Nieto quedó aprobada en lo general en el pleno del Senado. La reforma plantea abrir el sector energético a la inversión privada nacional y extranjera en México.
El documento quedó avalado cerca de la medianoche del martes, en lo general, por 95 votos a favor, 28 en contra y cero abstenciones. Se trata de la reforma más relevante en la materia en los últimos 75 años. La última se produjo con el decreto de expropiación del petróleo —en 1938— por el entonces presidente Lázaro Cárdenas.
El bloque que apoyó la propuesta se conformó por el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), su aliado el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y la mayoría de los integrantes del Partido Acción Nacional (PAN), que argumentaron que abrir el sector energético es necesario para modernizar la industria y generar crecimiento económico.
De la bancada del PAN, los senadores Javier Corral y Ernesto Ruffo Appel votaron en contra por rechazar tanto el contenido del texto como la forma en la que se negoció.
Los partidos de izquierda, por su parte, señalaron que la iniciativa implicará la privatización de los energéticos y, por tanto, que el Estado pierda control sobre recursos estratégicos.
Minutos antes de la votación en lo general, en su turno en tribuna, el legislador perredista Manuel Camacho Solís comenzó a reproducir en su iPad un discurso de Lázaro Cárdenas mientras sus compañeros de bancada cubrieron la zona con una manta que decía «No a la privatización».
Además, colocaron una pancarta con la leyenda «Quien empieza comprando la presidencia termina vendiendo la patria». La protesta duró solamente unos minutos. Los perredistas quitaron las mantas y el debate continuó.
Las modificaciones se presentaron en un acuerdo firmado por priistas y panistas, que el pleno votó al inicio de la sesión. Los perredistas no objetaron el documento en ese instante, sino hasta cuatro horas después, cuando detectaron que se incluyó que el Estado podrá celebrar varias modalidades de contratos con particulares.
El PRI y el PAN introdujeron las palabras «entre otras», lo que el PRD consideró un intento disfrazado por legalizar las concesiones en materia de hidrocarburos.
«Dictaminaron marginando a la segunda fuerza política del país. Dictaminaron en secreto», acusó Padierna.
La reforma implica permitir que el Estado celebre varios tipos de contratos con particulares para la extracción y explotación de hidrocarburos, que el pago a las empresas contratistas pueda hacerse mediante la entrega de energéticos y la creación de un fondo para administrar los ingresos petroleros.
El documento es una de las propuestas clave del presidente Peña Nieto y del PRI, que buscan que la iniciativa quede aprobada tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados antes del 15 de diciembre, cuando cierra el periodo ordinario de sesiones.