Senadores de los principales partidos proponen una reforma para que el presidente pueda indultar a personas sentenciadas sin haber tenido un debido proceso penal o que tengan “elementos objetivos suficientes” para probar su inocencia.
La iniciativa es una respuesta a casos en los que los tribunales han emitido sentencia sin contar con todas las pruebas sobre la culpabilidad de una persona, como en el caso del profesor chiapaneco Alberto Patishtán.
“(Patishtán) cumple una condena de 60 años, de los cuales lleva 13 recluido, por delitos federales que, de acuerdo con la defensa y una interminable lista de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, no fueron debidamente probados ante un juzgador, existiendo violaciones graves a su derecho a la adecuada defensa y al debido proceso”, indica el texto.
El docente fue detenido en el año 2000 acusado del asesinato de siete policías en Chiapas, un estado del sur de México con 27% de población indígena. Patishtán niega haber participado en el crimen y su defensa argumenta que el día de los hechos se encontraba en otro lugar. En septiembre, sin embargo, un tribunal colegiado resolvió que permanezca en prisión.
“El Ejecutivo federal deberá cerciorarse de que la persona sentenciada haya agotado previamente todos los recursos legales nacionales. En su resolución, el Ejecutivo federal otorgará el indulto, en su caso, sin condiciones adicionales o con las que estimare convenientes”, señala el texto impulsado por los senadores panistas Roberto Gil y Javier Corral, los perredistas Angélica de la Peña, Manuel Camacho y Armando Ríos Piter, y la priista Arely Gómez.
Actualmente, el presidente puede indultar a un sentenciado por delitos federales o por delitos del fuero común cometidos en el Distrito Federal, siempre que no haya cometido traición a la patria, espionaje, terrorismo, sabotaje, genocidio, delitos contra la salud o secuestro.
Otro ejemplo citado por los legisladores es el de las indígenas Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González, detenidas en 2006 por presuntamente secuestrar a seis agentes federales que participaron en un operativo en una plaza pública de Querétaro, en el centro del país.
Tres años después, Jacinta Francisco quedó el libertad luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) reconociera errores en la investigación. Alberta Alcántara y Teresa González salieron libres en el 2010, después de que la SCJN determinó que hubo “graves irregularidades en el proceso” en su contra.
“No existen datos certeros sobre cuántas causas penales existen en el país en las que la violación al debido proceso y al derecho a la adecuada defensa hayan concluido con condenas injustas (…) pero el alto incremento de los casos que son sometidos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (…) son una infortunada referencia que no podemos soslayar”, señala la propuesta entregada al Senado.