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Washington D.C. / Caracas 29 Agosto 2026.– En lo que ya se califica como uno de los giros geopolíticos más sorpresivos de la década, los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela oficializaron un inédito pacto energético que otorga a Washington el control e intervención indirecta sobre 65,000 millones de barriles de petróleo provenientes de las reservas probadas del país caribeño.
El acuerdo estipula la creación de una corporación conjunta de carácter binacional. A través de este nuevo organismo, consorcios estadounidenses liderarán las operaciones de extracción, refinamiento y comercialización de una parte sustancial de la Faja Petrolífera del Orinoco, reactivando la infraestructura energética venezolana tras años de parálisis operativa y sanciones económicas.
El anuncio desató una ola de controversia internacional de forma inmediata.
Sectores de la oposición venezolana y diversos analistas regionales critican duramente la medida, catalogándola como una vulneración histórica a la soberanía nacional y una «entrega de recursos estratégicos».
Por otro lado, los defensores del pacto argumentan que representa la única vía técnica y financiera viable para recuperar la economía de Venezuela, severamente golpeada por la crisis.
Desde la perspectiva de Washington, el trato asegura un suministro masivo y estable de crudo en un contexto de alta volatilidad en los mercados globales por los conflictos en Europa y Medio Oriente.
No obstante, legisladores en el Congreso estadounidense ya exigen transparencia total sobre las condiciones del acuerdo y los compromisos políticos que asumió la Casa Blanca para destrabar las negociaciones con Caracas.
