El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una serie de reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para que el delito de trata de personas sea reconocido con claridad como una actividad propia del crimen organizado y por tanto pueda ser juzgado con mayor facilidad en el fuero federal.
El diputado del PVEM, Antonio Cuéllar Steffan, refirió que entre 2007 y 20012 solamente se sentenciaron por el delito de trata de personas a un poco más del 10 por ciento, lo que refleja el grado de impunidad en la materia.
De acuerdo al dictamen, las modificaciones realizadas a la minuta que originalmente envió el Senado, son para que en la ley contra la Delincuencia Organizada se acoten las conductas típicas de la trata de personas tal y como se establecen en la ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas.
Así se otorga a la Federación la competencia para conocer de los delitos en materia de trata de personas cuando el Ministerio Público ejerza la facultad de atracción. En ese caso, el Ministerio Público y las autoridades judiciales federales serán las competentes para conocer de tales delitos.
Se precisó que bajo ninguna circunstancia se agravarán las penas previstas en las legislaciones de las entidades federativas.
El diputado del PRI, Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, destacó que de ninguna manera se puede permitir la violencia en contra de las mujeres y el dictamen que se discute aborda el tema de los abusos en contra de cualquier tipo de persona.
Señaló que la trata de personas cometida por la delincuencia organizada no es castigada, por lo que la Cámara de Diputados no puede estar a favor de este tipo de impunidad.
Enfatizó que por un tecnicismo legal no es posible castigar a los criminales que se dedican a la trata de personas, y en ese sentido se ratificó la posición de los legisladores en contra de la violencia contra la mujer.
Por su parte, el diputado del PAN, Marcelo de Jesús Torres Cofiño, aseguró que la presente reforma garantiza plenas facultades para la investigación y persecución de la trata de personas, combatiendo con ello su impunidad.
Explicó que el dictamen adecua el marco legal con la ampliación del catálogo de delitos vinculados con la delincuencia organizada y armoniza la legislación vigente, salvaguardando la dignidad y derechos humanos de las personas.
Por el PRD, el diputado Fernando Belaunzarán Méndez, indicó que el delito de trata de personas enfrenta un alto índice de impunidad y explica su vinculación con el crimen organizado.
Cuestionó el trato que reciben los migrantes y argumenta que ninguna persona es tan vulnerable como un migrante ilegal y que dicha situación se agrava si se trata de mujeres o niños. Por lo anterior, se pronunció en pro del dictamen.