Unos 330 mil mexicanos desplazados por violencia

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó hoy que un grupo considerable de mexicanos en diversas regiones del país se han tenido que desplazar de sus hogares debido a la “violencia, la impunidad y a la debilidad de nuestro Estado de derecho […] para preservar su vida y su integridad física”.

Sin embargo, alertó el organismo, en el país “no existe información completa o formulada sobre el tema”.

Durante la presentación del primer informe Especial sobre Desplazamiento Forzado en México, el titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, detalló que los datos son variados, y que tanto autoridades como organizaciones tienen sus propios registros, por ello urgió a que se realice un diagnóstico nacional sobre las personas en esta situación y pidió que se levante un censo.

“En México no existe información completa, actualizada y verificable sobre el número de personas víctimas del desplazamiento forzado interno”, reiteró el Ombudsman nacional .

La CNDH pudo identificar en su informe que en 27 entidades federativas hay desplazamiento forzado, especialmente en Michoacán, Jalisco, Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas y Chiapas. González Pérez precisó que en algunos casos son comunidades completas las que se ven desplazadas.

Por ello, el organismo instó a que se legisle una Ley General sobre Desplazamiento Interno.

Por su parte, el Quinto visitador de la CNDH, Edgar Corso, destacó, de acuerdo con las conclusiones del informe, que el desplazamiento forzado no ha sido visibilizado, ni las víctimas han sido atendidas de forma adecuada.

Corso señaló que además no hay una postura uniforme del Estado en este sentido, lo que dificulta las acciones implementadas, que no existe una acción coordinada de los tres niveles de Gobierno, y que esta problemática no está visibilizado lo suficiente y por ello no forma parte de la agenda pública.

El informe va dirigido a las secretarías de Gobernación, de Desarrollo Social, del Trabajo, de Salud, al Congreso nacional y a los locales, a la Comisión Nacional de Atención a Víctimas, al DIF, a los Gobiernos locales y municipales.

El organismo dio cuenta de cifras de diversas autoridades y organizaciones civiles y destacó algunos casos concretos de desplazamiento forzado.

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Edgar Corso informó que de acuerdo a los muestreos que la propia CNDH realizó, en ejidos, rancherías y municipios se detectaron 1 mil 784 personas desplazadas por violencia, en algunos municipios de Sinaloa, Durango y Tamaulipas.

De acuerdo con diversas autoridades, dijo el visitador, entre 2013 y 2015, unas 30 mil 377 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado. Mientras que organizaciones no gubernamentales tienen un registro de 6 mil 685 personas víctimas de desplazamiento.

La Comisión hizo una serie de recomendaciones a las diversas dependencias y niveles de Gobierno. Instó a que se cree una política pública integral y transversal dirigida a proteger y garantizar los derechos humanos de las víctimas; que se realice un protocolo de atención a las víctimas, del cual el organismo ya tiene una propuesta; además de que se implementen acciones de coordinación entre los tres niveles de gobiernos, organizaciones y sociedad en torno al desplazamiento.

Ayer, el Consejo Nuruego para los Refugiados reveló que en el país la violencia ha generado 330 mil desplazados por año en el último lustro. Algunas de las entidades que se han visto afectadas por este fenómeno son Sinaloa, Chihuahua y Durango.

El texto recuerda que muchas personas tuvieron que abandonar sus hogares forzadas por megaproyectos de desarrollo como presas, proyectos de renovación urbana o eventos deportivos. EN el país, los megaproyectos han dejado casos de desplazamiento principalmente en comunidades rurales o indígenas, como es el caso de Chiapas, donde según organizaciones defensores de derechos humanos, indñigenas de distintas poblaciones son amenazados e incluso asesinados para que cedan sus terrenos al paso de grandes obras.

Reciemente, en el estado de México se han visto problemas similares en zonas del Estado de México como Texcoco y Xochicuautla. En primero está pegado a las obras del nuevo aeropuerto, y en el segundo, se expropiaron terrenos para dar paso a una carretera que construye Grupo Higa, uno de los contratistas más favorecidos por el Gobierno federal.


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