Reflexiones
Abrazos para los delincuentes, balazos para los inocentes.
La puesta en libertad del elemento de la Guardia Nacional que había sido detenido como probable responsable de asesinar a un estudiante de la Universidad de Guanajuato y dejar gravemente herida a otra alumna de la institución, es una parte de la cadena de impunidad de las fuerzas armadas y policiales del país en los casos de agresiones a ciudadanos que no se detienen ante vehículos de las corporaciones.
Los elementos implicados son detenidos y luego de procesos en principio muy ventajosos para ellos, quedan en libertad o se desconoce qué sucedió finalmente con ellos.
En el caso de Ángel, joven de 19 años de edad, había elementos que apuntaban a un claro abuso de autoridad y la comisión de delitos graves como homicidio, lesiones y tentativa de homicidio. Era tan contundente que incluso legisladores del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), asumieron una postura de condena y la exigencia de aclaración de los hechos y aplicación de justicia.
Relatoría pública
Ángel, un compañero y su compañera salieron de un convivio el pasado 27 de abril. Elementos de la Guardia Nacional (GN) les marcaron el alto. Ellos huyeron y les dispararon. Alcanzaron a llegar a las instalaciones del campus universitario.
Estudiantes, profesorado y hasta el propio rector general de la UG, Luis Felipe Guerrero Agripino, expresaron su demanda de justicia.
La GN dio a conocer su postura: se trató de la decisión unilateral de un elemento. Lo detuvieron, quitaron el uniforme y entregaron a la Fiscalía General de la República. Dos días después, lo liberaron. Sigue proceso en libertad por tentativa de homicidio, no así por la muerte de Ángel.
Vienen días de exigencia social, política de diversos sectores, sobre todo, de la colmena universitaria. Abre la lucha entre quienes sacan raja política como oposición y quienes cerrarán filas en torno a la GN como parte de la dinámica hasta ahora predominante en la 4T.
Otros casos similares
Gabriel, un elemento del Ejército Mexicano, fue vinculado a proceso penal por el homicidio calificado en agravio de la golfista y ex candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a diputada federal en Zacatecas, Lidia Villalba.
Es procesado por homicidio en grado de tentativa derivado de las lesiones causadas a dos agentes de la Fiscalía del Estado y dos acompañantes de la ex candidata.
Los hechos ocurrieron el 17 de marzo en Ojuelos, Jalisco. La tropa marcó alto, ella y sus guardaespaldas huyeron. Le persiguieron y el resultado fue de la mujer muerta y dos agentes estatales, que le acompañaban, heridos. La verión del ejército es que el elemento disparó “por accidente”.
El 21 de noviembre de 2021, un elemento de la Guardia Nacional disparó contra un joven procedente de Estados Unidos, quien presuntamente intentó pasar por la frontera dos armas de fuego.
Esto ocurrió en el cruce fronterizo de El Paso a Ciudad Juárez, Chihuahua. Juan Carlos, de 18 años, llevaba una mochila al ingresar a México, por lo que se solicitó una revisión. Según la versión oficial, el joven intentó huir y en un momento sacó una de las armas de fuego; el elemento de la Guardia Nacional disparó para neutralizarlo.
La versión oficial fue cuestionada por considerarla ilógica: ¿quién intentaría amagar a personal en una instalación bajo control de elementos armados?
El elemento de la GN fue sometido a una investigación para determinar si su actuación respetó el protocolo de uso de la fuerza.
El 31 de octubre de 2021, integrantes de la GN dispararon a un vehículo que transportaba a migrantes en el estado de Chiapas, lo que dejó un saldo de una persona muerta y cuatro lesionados.
El uso desproporcionado de la fuerza y una serie de inconsistencia en la aplicación de protocolos hicieron que el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo regular omiso o justificante ante hechos de violencia protagonizados la GN, condenó en hecho.
La herencia militarista
El proceso militarista iniciado en 20106 por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, tuvo en la muerte de dos estudiantes del Instituto Tecnológicos y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), su principal ejemplo de abusos ante inocentes.
Los hechos ocurrieron el 19 de marzo de 2010. Los dos universitarios murieron supuestamente por fuego cruzado. Las evidencias mostraron que se les atacó directamente al ser considerados presuntos delincuentes.
El caso en Guanajuato
El 12 de diciembre de 2018, un joven migrante de 23 años fue asesinado por policías de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) de Guanajuato en un camino rural ubicado en los límites de San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo.
La versión oficial lo señaló oficialmente como integrante de un grupo armado con el que se enfrentaron, pero los familiares del joven indicaron que el muchacho llegó a su comunidad para pasar las fiestas decembrinas y salió al campo a buscar señal para el internet de su celular.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que sus elementos fueron agredidos “sin motivo aparente” por tres hombres armados sobre el tramo carretero San Miguel-Guanajuato-Juventino Rosas, por lo que tuvieron que responder.
Los agresores, indicó el reporte, huyeron en una camioneta. Al recibir disparos, bajaron dos tripulantes y ahí quedó muerto el joven migrante, cerca de la comunidad donde se realizaba el convivio.
La semana iniciará con un mes de mayo de efervescencia política y seguramente movilización universitaria.
Mientras que elementos de las fuerzas del orden, incluidos los del Ejército y la GN son humillados y asesinados a manos de criminales, los uniformados asesinan a gente inocente. Abrazos para los delincuentes, balazos para los inocentes.