El contralor municipal en León, Esteban Ramírez Sánchez, dijo que se está a la espera de que lleguen otras auditorias donde se vincula a exdirectores de la pasada administración con la contratación de seis empresas “fantasmas”, por un monto de poco más de 1 millón de pesos.
Cabe hacer mención que la propia Contraloría Municipal presentó las 11 denuncias penales contra quien resulte responsable de dichos contratos, entre ellos según mencionó se encuentran directores de áreas.
Dijo que ya se dictaron las órdenes de aprehensión y los autos de formal prisión en pasados días, por lo que se está a la espera del dictamen.
Refirió que el órgano fiscalizador a su cargo fue quien presentó la denuncia, en base a notas periodísticas que los medios de comunicación publicaron sobre los contratos aparentemente irregulares.
Fue el Congreso local de Guanajuato, quienes en votación decidieron seguir adelante con las denuncias penales, y en un momento dado solicitar a la Procuraduría General de la República retire el fuero a la diputada federal, ya que de otra manera no podría ser juzgada.
Aclaró que en el caso de la compra de un predio aparentemente de manera irregular, la Contraloría Municipal, sólo fue en acompañamiento con el Ayuntamiento Municipal, quien será quien decidirá si existe una sanción contra la exalcaldesa, Bárbara Botello Santibáñez.
“La Contraloría se ha encargado de las diligencias, de los alegatos, luego será el Ayuntamiento quien decida si hay sanción o no, la Contraloría no tienen facultades para emitir sanciones, hasta este momento”, reconoció.
CÁRCEL
Al respecto el diputado del PAN en el Congreso local, Juan Carlos Muñoz, aseguró que estas demandas penales, sí alcanzan cárcel para los responsables de los contratos con empresas “fantasma”.
Indicó que por eso la insistencia de los diputados locales del PRI para que no se instauren en el ámbito de lo penal.