CDMX 23 Abril 2026.- Como parte de la estrategia nacional para combatir el robo y contrabando de hidrocarburos, el Gobierno Federal ha logrado identificar una red de alrededor de 40 empresas fantasma involucradas en la facturación y distribución irregular de energéticos.
Las investigaciones, coordinadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en colaboración con carpetas de la Fiscalía General de la República (FGR), revelan un sofisticado esquema de delincuencia fiscal y documental.
De acuerdo con los reportes oficiales y expedientes integrados, estas compañías operaban bajo el esquema de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS).
Tras las auditorías y visitas a los domicilios fiscales declarados por los contribuyentes, las autoridades constataron que estos negocios:
- Carecen por completo de activos reales.
- No cuentan con el personal necesario para operar.
- No poseen la infraestructura física mínima para almacenar o transportar petrolíferos.
A pesar de estas carencias físicas, las firmas emitían facturas por millones de pesos para intentar amparar y «blanquear» cargamentos de combustible de procedencia ilícita o que ingresaba al país evadiendo aranceles, una práctica conocida como huachicol fiscal.
El esquema consistía en la triangulación de facturas y el uso desproporcionado de fracciones arancelarias para simular la importación legal de lubricantes o químicos, cuando en realidad se trataba de gasolina y diésel.
Las empresas involucradas compartían representantes legales y socios en común con el fin de entorpecer los rastreos de la autoridad hacendaria.
La publicación de estos contribuyentes en el listado definitivo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación frena de tajo sus operaciones. Entre las consecuencias inmediatas aplicadas por el SAT se encuentran:
- Cancelación de los sellos digitales, impidiéndoles seguir emitiendo cualquier tipo de factura o CFDI.
- Pérdida de efectos fiscales, lo que significa que ninguna empresa legítima que haya adquirido facturas de estas firmas podrá utilizarlas para deducir impuestos.
Con estas acciones, el Gobierno de México busca no solo castigar administrativamente la creación de empresas de papel, sino fincar responsabilidades penales contra quienes orquestan estos millonarios desfalcos al erario público.
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