La Cámara de Diputados aprobó, en votación económica, un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que establece la metodología para el análisis de iniciativas y minutas en materia de salario mínimo, a fin de plantear propuestas de discusión sobre las alternativas de su regulación.
En el documento se señala que “resulta indispensable avanzar hacia una mejora gradual y sostenida del ingreso de los mexicanos, en especial, de quienes perciben el salario mínimo, como lo sugirió la Comisión Consultiva creada por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos”.
Establece que el salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo un trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo, pero, utilizando como referencia a los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es uno de los países que tienen más bajo.
«Resulta indispensable explorar alternativas y adaptar experiencias internacionales exitosas, con el propósito de mejorar los niveles salariales de los trabajadores, sin efectos nocivos para su economía”, se asegura.
Se recuerda que en noviembre pasado se aprobaron en el Congreso de la Unión las reformas para la desindexación del salario mínimo, a fin de eliminar sus referencias como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia, lo que permitiría una mayor flexibilidad para definir eventuales incrementos.
El acuerdo aprobado instruye a las comisiones ordinarias de Hacienda y Crédito Público; Trabajo y Previsión Social; Competitividad y a la de Seguridad Social, que lleven a cabo una profunda revisión del salario mínimo.
También que analicen y modifiquen alrededor de 140 ordenamientos jurídicos que mencionan al salario mínimo como unidad de referencia, entre los que se encuentran las leyes Federal del Trabajo y General de Desarrollo Social.
Se crea el Consejo Técnico, que estará encargado de regular y dirigir la fase previa a la dictaminación de las iniciativas relacionadas con el salario mínimo.
Este Consejo Técnico estará integrado por los diputados presidentes de las comisiones dictaminadoras y por representantes de diversos organismos y entidades públicas y privadas.