El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, es buscado por las autoridades de Estados Unidos acusado de crimen organizado y lavado de dinero, entre otros cargos, según una acusación revelada este lunes por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).
Un gran jurado de Brownsville acusa a Yarrington de 56 años, y a su socio Fernando Alejandro Cano, de 57, de conspirar para lavar dinero, realizar fraude y mentir a bancos estadounidenses, informó la dependencia estadounidense en un comunicado.
El exmandatario, quien gobernó Tamaulipas entre 1999 y 2004, también es acusado de posesión de sustancias controladas, de fraude bancario y otros fraudes financieros, según los fiscales federales Kenneth Magidson y Robert L. Pitman, de los distritos sur y oeste de Texas, respectivamente.
Las autoridades estadounidenses señalan que Yarrington recibió desde un año antes de asumir la gubernatura grandes cantidades de dinero del cártel del Golfo. A cambio, cuando estuvo en el poder, permitió a gran escala el libre tránsito de drogas a Estados Unidos a través de Tamaulipas.
Además, desde 2007 a 2009, Yarrington estuvo involucrado en el tráfico de cocaína a través del puerto de Veracruz hacia Estados Unidos, según la acusación.
La investigación, que tomó varios años, acusa al exgobernador de recibir sobornos por operaciones comerciales en México, a través de Materiales y Construcciones Villa de Aguayo, S.A. de C.V., una empresa propiedad de Cano, un empresario cercano a él.
A través de dicha firma de la construcción, Yarrington recibió dinero público de contratos que fueron adjudicados para obras en Tamaulipas, según las autoridades texanas. A cambio, Cano pagó dinero a Yarrington con el cual se compraron propiedades a nombre del exgobernador en Texas.
Según la acusación, el entonces gobernador utilizó fondos públicos para comprar en enero de 2005 un jet privado Sabreliner 60, para lo cual transfirió 300,000 dólares a una cuenta bancaria en Estados Unidos. Además, Cano transfirió cinco millones de pesos a la misma cuenta, también parte de los presuntos fondos públicos robados.
Yarrington y Cano, según la acusación, abrieron cuentas bancarias, compraron residencias, aviones, vehículos y bienes raíces en los condados de Bexar, Cameron, Hidalgo y Hays, la mayoría de los cuales fueron adquiridos con préstamos bancarios de varios millones de dólares obtenidos de forma fraudulenta.
Hasta ahora, Yarrington y Cano siguen prófugos de la justicia, según los fiscales.
De ser arrestados y encontrados culpables, podrían ser sentenciados hasta a 20 años de prisión por el delito de lavado de dinero, y hasta 30 años de prisión por el de fraude bancario. Además, podrían enfrentar hasta 10 años de prisión por el delito de tráfico de drogas.