Ciudad de México (18 septiembre 2025).- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a Los Mayos, una fracción del Cártel de Sinaloa, así como a cinco personas, entre ellas a la diputada de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, como parte de su lista de sancionados por su participación o facilitación en el tráfico de drogas hacia ese país.
Esto en el marco de la visitad del subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, a México, según destacó la misma dependencia estadunidense.
Además de la política y sujetos señalados, la sanción abarca a 15 empresas, sobre todo asentadas en las Playas de Rosarito, Baja California, así como al líder de Los Rugrats, también banda afiliada al Cártel de Sinaloa y que se dedica a la producción de fentanilo, y a Juan Jose Ponce Felix, El Ruso, a quien se identifica como el fundador y líder del principal brazo armado de Los Mayos.
“El Cártel de Sinaloa es una organización terrorista extranjera que continúa traficando narcóticos, blanqueando sus ganancias y corrompiendo a funcionarios locales”, declaró el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley. “La medida de hoy, tomada en coordinación con nuestros socios policiales, demuestra la dedicación del Tesoro a la prioridad del presidente Trump de frenar las amenazas transfronterizas”.
A diferencia de otras sanciones en las que la OFAC reconoce la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en esta acción sólo mencionó su coordinación con la División de Campo de San Diego de la
Los cinco fueron designados de conformidad con las órdenes ejecutivas 14059 y 13224 –que apuntan a personas y entidades involucradas en el tráfico ilícito global de drogas y que apoyan el terrorismo–por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, el Cártel de Sinaloa.
Según la OFAC, Rosarito, el municipio costero que se encuentra a aproximadamente 24 kilómetros al sur de la frontera entre Estados Unidos y México, en Baja California, es controlado por el Cartel de Sinaloa como “parte de un corredor crucial para el contrabando de drogas” hacia el país vecino.
