Normalistas fueron quemados vivos

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Los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos desde el 26 de septiembre pasado en Iguala fueron asesinados y posteriormente quemados por el grupo delictivo Guerreros Unidos, según confesiones de tres presuntos integrantes de la organización dadas a conocer este viernes por la Procuraduría General de la República (PGR).

A raíz de las declaraciones de estos detenidos, quienes afirman haber participado en el asesinato, las autoridades federales hallaron restos humanos calcinados en el municipio de Cocula y analizarán si corresponden o no a los estudiantes, informó en rueda de prensa el procurador Jesús Murillo Karam.

«La investigación queda abierta hasta agotar todas las posibilidades que permitan identificar los restos humanos encontrados», dijo el funcionario.

«Se seguirán considerando como desaparecidos a los estudiantes de Ayotzinapa, para efectos de la investigación», agregó.

A 43 días de la desaparición, Murillo Karam señaló que tres hombres aprehendidos recientemente por fuerzas federales —Patricio Reyes Landa, Jonathan Osorio y Agustín García Reyes— confesaron que la noche del 26 de septiembre recibieron a un grupo de más de 40 personas de parte de policías de Iguala y Cocula, presuntos aliados de Guerreros Unidos.

Según los detenidos, usando camionetas, posteriormente llevaron al grupo a la zona del basurero de Cocula. Al llegar al lugar, algunos de los retenidos ya habían muerto y el resto de las víctimas también fue asesinado.

«(Las confesiones) apuntan muy lamentablemente al homicidio de un amplio número de personas en la zona de Cocula», dijo Murillo Karam.

Tras el asesinato, los presuntos delincuentes acomodaron los cuerpos y les prendieron fuego. Esta hoguera —avivada con diesel, plástico, madera y otros materiales—, se mantuvo desde la medianoche del 27 de septiembre hasta las 14:00 o 15:00 horas (local) de ese día.

A decir de Murillo Karam, los detenidos declararon que un hombre identificado como el Terco les ordenó entonces «fracturar» los restos, meterlos en bolsas negras de basura y arrojarlos en la zona.

Con base en estos dichos, las autoridades federales buscaron en el lugar y encontraron restos humanos calcinados. Al respecto, el procurador señaló que esto es un «indicio» de que en efecto pudiera tratarse de los normalistas, pero aclaró que esto todavía debe verificarse mediante análisis de laboratorio «altamente especializados» en pruebas de ADN, como las que realiza la Universidad de Innsbruck, en Austria.

«Hay muchos indicios que ustedes vieron que nos podrían indicar que son, pero la obligación de la autoridad, que tiene como función la clara identificación de las cosas, nos obliga a mantener (el análisis)», dijo Murillo Karam.

En respuesta, padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa dijeron este viernes que mientras no haya pruebas contundentes consideran que sus hijos están vivos.

Murillo Karam dijo que hasta la fecha se ha detenido a 74 personas, entre policías de Iguala y Cocula, presuntos integrantes de Guerreros Unidos, el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa. 

Abarca es señalado como operador de Guerreros Unidos y como autor intelectual de la desaparición, puesto que —según la PGR— fue quien ordenó a la policía de Iguala «enfrentar» a los estudiantes para evitar que el 26 de septiembre hicieran una protesta en un evento de Pineda. En cuanto a la orden de asesinarlos, la PGR la atribuye al presunto líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado.

Las autoridades federales, además, buscan a otras 10 personas vinculadas con el crimen, como el exsecretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores. Al respecto, Murillo Karam indicó que también se investiga si hay otros funcionarios implicados, aunque declinó precisar si esto incluye a Ángel Aguirre, gobernador con licencia de Guerrero.

Murillo Karam también detalló que varios de los detenidos son acusados del delito de desaparición forzada y se les pueden sumar acusaciones por homicidio, y cuestionado sobre las críticas en el sentido de que se trata de un crimen de Estado, rechazó que sea así argumentando que Iguala no es el Estado mexicano.

El caso de Ayotzinapa, así como el hallazgo de otras víctimas como éstas, es un reflejo de la crisis de derechos humanos que vive México derivada de su estrategia de combate a la delincuencia, según advierten organizaciones como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW).


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