Ciudad de México (4 marzo 2026).- La Cámara de Diputados recibió y envió a comisiones, la iniciativa de la presidenta, Claudia Sheinbaum, que reforma 11 artículos de la Constitución en materia electoral, que confirma su idea de reducir de 128 a 96 los senadores de la República y modificar el mecanismo de elección de 200 diputados de representación proporcional, para “que no sean resultado exclusivo” de decisiones de las cúpulas de los partidos.
En la iniciativa, que se envió a comisiones, también propone reducir 25 por ciento el presupuesto asignado a los partidos para gasto ordinario y prohibir el uso de fondos ilícitos, así como el financiamiento del extranjero. Se trata de impedir “injerencias indebidas” y “salvaguardar la autenticidad del sufragio” ante riesgos como la intervención de personas vinculadas a delitos graves.
Incluso se prevé que las autoridades de seguridad, procuración de justicia y de inteligencia financiera podrán solicitar información relevante de los candidatos “para salvaguardar la integridad” de las elecciones.
Agrega el derecho a la participación en consultas populares en los municipios; reducir de 48 a 35 minutos al día los tiempos oficiales para difusión de los partidos.
Además, en los artículos transitorios la Presidenta pidió a los diputados definir que, a partir de 2027, los sueldos de los consejeros del Instituto Nacional Electoral y sus funcionarios, así como de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), no puedan ser mayores al salario de la Presidenta.
Ni ruptura ni restricción al pluralismo
La presidenta, Claudia Sheinbaum, acotó que la reducción del costo de las elecciones y nuevas medidas para evitar “injerencias indebidas e ilícitas” en las elecciones “no debe entenderse como ruptura”.
Incluso precisó que “la revisión de los esquemas de financiamiento político, de los costos institucionales y de las estructuras del aparato electoral debe entenderse como un proceso de fortalecimiento democrático y no como una restricción al pluralismo político”.
Además, señaló que su iniciativa no busca “modificar las reglas democráticas por razones circunstanciales” o para favorecer o perjudicar a personas o grupos determinados, sino fortalecer la confianza ciudadana, la legitimidad institucional electoral y la funcionalidad del sistema democrático”.
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