Aunque Grupo Higa tiene 22 contratos con el gobierno federal, y esta empresa fue la que vendió la casa blanca a Angélica Rivera, no existió conflicto de interés por parte de Enrique Peña Nieto, pues en dichas adjudicaciones no participó el mandatario, ni había tomado posesión como presidente cuando se adquirió el referido inmueble, estableció el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade.
Este viernes, el funcionario dio a conocer la investigación que inició en febrero pasado -cuando fue nombrado titular de la Secretaría de la Función Pública por el propio Peña-, la cual se centró en los contratos entregados a dos empresas: el Grupo Higa y Constructora Urbanizadora Ixtapan; así como la compra de tres casas a las dos contratistas: la de Peña en Ixtapan, la de Luis Videgaray en Malinalco; y la de Angélica Rivera en las Lomas de Chapultepec (conocida como la casa blanca).
“Las relaciones personales no están prohibidas… el conflicto de interés no se materializa con la amistad“, atajó Andrade. No existió conflicto de interés, explicó, porque no se demostró una “materialización de beneficios”, que hubiera ocurrido si los contratos firmados hubieran sido modificados cuando se convirtieron en funcionarios públicos federales; o que las personas que participaron en la venta de las casas, hubieran recibido en los contratos, algún beneficio.
La primera dama regresó la posesión del inmueble a Grupo Higa, en diciembre de 2014, luego de que un mes antes, un reportaje publicado en este sitio de noticias reveló la compra de la misma.
El funcionario subrayó que la previa compra de la casa blanca fue hecha por la esposa del presidente, gracias a su trabajo en telenovelas de Televisa; los pagos “provienen de su cuenta personal”, “estaba siendo pagada con el patrimonio exclusivo de la señora”, precisó.
Los servidores públicos que entregaron contratos tanto a Higa como a la Constructora declararon que “no se les ordenó resolver de alguna manera el procedimiento, así como que no tenían ningún interés con la empresa adjudicada”.
“Al presidente de la República no le corresponde intervenir en contrataciones de obra pública“, indicó y lo deslindó de cualquier conflicto de interés.
“No hubo ninguna participación del licenciado Enrique Peña Nieto”, insistió.
“Ni el señor EPN ni su esposa adquirieron bien inmueble alguno” después de que el primero se convirtió en presidente de la República, aseguró.
Y sostuvo que “no hubo beneficio” alguno en la entrega de contratos a ambas empresas.
“No hubo ninguna participación del licenciado Enrique Peña Nieto en los procedimientos de contratación, lo que excluye la existencia de un beneficio, provecho o ventaja”, abundó.
Para Andrade, en conclusión, “no existió violación” alguna por parte de EPN, ni de Videgaray.