La Gendarmería asumió este lunes las tareas de seguridad pública en el municipio de Iguala, Guerrero, luego de la desaparición de 43 estudiantes normalistas el pasado viernes 26 de septiembre, informó el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido.
En un mensaje a medios, el funcionario informó que la labor de esta división de la Policía Federal será complementada con la presencia de militares, que patrullarán las inmediaciones de la localidad.
A través de su cuenta de Twitter, la corporación federal de seguridad pública mostró fotos del traslado de elementos de la Gendarmería, al municipio guerrerense.
Horas antes, la Procuraduría General de la República (PGR) anunció que formó un equipo especial para investigar la desaparición de los 43 estudiantes.
El procurador Jesús Murillo Karam informó a medios que él mismo encabezará a este grupo, que se trasladará a la zona, y que autoridades federales y locales siguen investigando el motivo de la desaparición y quiénes son los posibles perpetradores.
Al mediodía de este lunes, el presidente Enrique Peña Nieto había anunciado que el gobierno federal intervendría en la búsqueda de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, así como en la de los responsables de su desaparición.
La intervención del gabinete de seguridad será en colaboración con las autoridades de Guerrero, con la finalidad de atender los reclamos de las familias de los estudiantes, señaló el mandatario en un breve mensaje a medios en Palacio Nacional.
«(Los familiares) demandan con toda razón el esclarecimiento de los hechos y que se haga justicia, que se encuentre a los responsables de estos hechos y que no quepa aquí impunidad alguna», dijo el presidente Peña Nieto.
«En el marco de las atribuciones del gobierno de la República y del gabinete de seguridad, he instruido a sus elementos para que tomemos acciones, participemos en lo que permita el debido esclarecimiento de los hechos, encontrar a los responsables y aplicar de manera estricta la ley ante estos hechos», agregó.
En Guerrero, en tanto, familiares de los jóvenes exigieron resultados de parte del gobierno federal.
«(El presidente) tiene que tomar cartas en el asunto, nos los tiene que entregar con vida», dijo a la agencia AFP Manuel Martínez, vocero del comité de padres de los estudiantes.
El anuncio presidencial se produce 10 días después de que, la noche del 26 de septiembre, los 43 normalistas desaparecieran luego de un incidente con policías del municipio guerrerense de Iguala.
Durante ese día, agentes dispararon contra los estudiantes, lo que derivó en la muerte de dos de ellos. En tanto, desde entonces se desconoce el paradero del resto de los jóvenes.
El fin de semana, autoridades localizaron en la zona fosas clandestinas con 28 cuerpos, cuya identidad aún es investigada para determinar si los cadáveres corresponden o no a los de los normalistas desaparecidos.
Las autoridades de Guerrero, encabezadas por el gobernador perredista Ángel Aguirre, atribuyen la desaparición de los estudiantes al crimen organizado, en particular al grupo Guerreros Unidos.
El caso ha generado críticas contra Aguirre y contra el alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca, quien actualmente se encuentra prófugo y el fin de semana fue expulsado del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Familiares de los desaparecidos han realizado protestas en Guerrero, con bloqueos a la Autopista del Sol, mientras organizaciones civiles convocan este miércoles 8 de octubre a una marcha en el centro de la Ciudad de México.