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Al barrio por asalto
Por: Federico Velio Ortega
La figura estilizada de la foto que Rafael Corda tomó a Ernesto Che Guevara es el ícono del capitalismo que más millones de dólares ha generado en el mercado capitalista. Algo similar pasa con la mexicana Frida Kalho: la comunista con más ventas en el mundo (hasta en las bolsas del mandado está presente).
Así está pasando con Ángel Quezada, el ya mítico rapero cuevanense, que en vez de ser un músico marginal es un rap star: lo mismo La Velaría de la Feria de León que el Auditorio de Monterrey, el barrio de Santa Fe, una de las favelas de la capital del estado, fue tomada por la banda, por los que suelen ser visto con recelo, los del estigma y la fiesta.
Sus letras y música son parte de una contracultura que bajo otras circunstancias serían objeto represión y de consumo clandestino. Ahora son tan celebradas que se convirtieron en souvenir.
Llegar flanqueado por elementos vestidos de élite de policía (perros policías incluidos), ser apadrinado por el presidente municipal panista y transmitido en vivo por medios de comunicación en una fiesta que aglutinó a miles de personas procedentes del estado y otras entidades, son elementos para la reflexión política y sociológica.
De angelical, sólo tiene el nombre: sus letras retratan violencia y el fenómeno del tráfico y consumo de drogas, pero las disfrutan niños y adultos, jóvenes y mayores, varones y mujeres y gente de diversos orígenes socioeconómicos y variadas formaciones educativas, pero berrinche de los nostálgicos del clasismo, que siguen firmes en la descalificación y la etiqueta.
Es un fenómeno a estudiar sin estigmas ni prejuicios.
Los exmineros
El 16 de febrero, en la zona de Valenciana, al norte de la capital, corrió la noticia de que ex mineros de la Cooperativa Santa Fe habían sido secuestrados. El cierre de la bocamina de San Cayetano, negocio del grupo, corroboró el hecho.
El 19 de febrero, la Fiscalía General del Estado informó que los secuestrados (ocho, según el reporte) fueron rescatados de una casa de seguridad en la colonia Las Reinas, de Irapuato.
Fiscalía y presidencia municipal festinaron el hecho, pero el gozo se fue al pozo: días después, cinco de los supuestamente rescatados dieron rueda de prensa y negaron haber sido secuestrados y rescatados. El jefe de la policía local, Samuel Ugalde, y el Fiscal Carlos Zamarripa mantuvieron su postura.
Los detenidos ya entraron a proceso y oficialmente sólo seis de los ocho presuntos secuestrados son formalmente víctimas.
Cualquiera que sea la versión real, es preocupante:
Un montaje de la Fiscalía o un cambio de postura de los afectados debido a amenazas.
Los datos proporcionados por vecinos confirman que el secuestro existió. La Fiscalía tiene elementos de existencia de una posible extorsión, a los detenidos encontraron armas y droga.
Al discurso “tranquilizante” del presidente municipal Alejandro Navarro lo confrontan indicios de que el crimen organizado está presente en la capital. Aunque él tenga otros datos.
La guerra por las momias
Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) llegaron al panteón de Santa Paula a clasificar e identificar a los cuerpos áridos exhibidos en el Museo de las Momias, lo que recrudece la confrontación entre el presidente municipal Alejandro Navarro y la regidora morenista Paloma Robles Lacayo:
El primero en su afán de construir un nuevo recinto para la exhibición y la segunda en rechazo al endeudamiento y al concepto del museo, al que califica como “Centro Comercial con momias”.
La visita de los expertos generó un rápido comunicado de presidencia municipal, en el que expresaba la disposición de “colaborar de manera coordinada con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en la conservación, análisis e identificación de la colección de cuerpos áridos que conforman el patrimonio de las Momias de Guanajuato”.
El texto alude a la firma de un acuerdo de colaboración entre el Gobierno Municipal de Guanajuato y el Instituto Nacional de Antropología e Historia para la elaboración de un diagnóstico, así como para generar recomendaciones para el manejo y conservación preventiva de los cuerpos momificados.
Y mientras Paloma celebró el hecho como preludio a un potencial rechazo del INAH a que los cuerpos áridos sean movidos de su espacio tradicional, Navarro lo manejó a su favor:
Una Comisión de cuatro especialistas trabaja para determinar la identidad de los cuerpos “y así otorgarles el valor patrimonial y destacar su relevancia en la memoria histórica de Guanajuato”.
Soltó el golpe contra la morenista:
“Como antecedente, en la administración 2015-2018 no hay evidencias de entrega-recepción de los bienes muebles del museo y de la misma colección, así
Como la omisión al reporte generado por un experto adscrito al INAH, en el que se constata la necesidad de un espacio con mejores condiciones ambientales y estructurales que evite el deterioro de la colección”.
Paloma sostiene que, al ser declarados patrimonio cultural, los cuerpos áridos seguirán en Santa Paula, su entorno histórico; Navarro vende la idea que eso significa autoricen llevarlos a un lugar más bonito, estilo primer mundo.
La moneda está en el aire.
De la misma cuña
Quedó conformada la Comisión para Prevenir y Atender la Violencia Laboral, el Hostigamiento y el Acoso Sexual en la Administración Pública Municipal de Guanajuato, presidida por la regidora Ana Cecilia González de Silva. Será la ombudsperson municipal, figura que en la comisión de la administración pasada recayó en el entonces Secretario del Ayuntamiento, Héctor Corona León.
Las labores de la ombudsperson son observar los principios rectores del protocolo aplicable y realizar recomendaciones dentro de las sesiones tanto ordinarias como extraordinarias de la Comisión, las cuales no son vinculatorias.
La Comisión está integrada por Martha Isabel Delgado Zárate, Secretaria del Ayuntamiento, Liliana Aguilera Padilla, Directora General de Atención a las Mujeres, Irma Mandujano, Tesorera Municipal, José Luis Vega Godínez, Director General de Servicios Jurídicos, Pedro Pablo Cardona, Contralor Municipal, Leonel Humberto Ramírez Rangel, Director de Recursos Humanos.
Como testigos fungieron el Presidente Municipal Alejandro Navarro y Samantha Smith, Presidenta del DIF Municipal.
Dicho órgano tiene como función impulsar las acciones de prevención y llevar a cabo la atención y seguimiento de las quejas de violencia laboral, acoso y hostigamiento sexual, proteger la dignidad de las personas y asegurarse de garantizar el acceso al debido proceso y a una vida libre dentro de sus competencias.
Los integrantes de la comisión, tendrán capacitación constante en materia de derechos humanos, perspectiva de género y no discriminación, así como con capacidades para acompañar a la persona víctima.
Todo suena muy bonito, pero en el fondo, los funcionarios municipales se vigilarán a sí mismos.
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