En 72 horas 16 congresos estatales aprueban las modificaciones constitucionales contempladas por la reforma energética entre manifestaciones.
Ahora, la Comisión Permanente del Congreso debe hacer el conteo y, en su caso, declarar válida la aprobación. Luego vendría la promulgación y a partir de entonces, los legisladores tienen cuatro meses para aprobar las leyes secundarias por mayoría simple.
El aval de la mitad de las legislaturas es necesario cuando se trata de una reforma constitucional y el proyecto de Enrique Peña Nieto, que tiene el apoyo del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el opositor Partido Acción Nacional (PAN), implica cambiar los artículos 25, 27 y 28 constitucionales para, entre otras cosas, abrir el sector energético a la inversión privada tanto nacional como extranjera.
Pero la izquierda, liderada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), creado por el excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, está en contra porque considera que habrá un «robo» a la nación y que se entregará el petróleo a manos extranjeras.
En específico, las reformas constitucionales permitirán los contratos con particulares en la exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo de la nación, «a fin de obtener ingresos que contribuyan al desarrollo en el largo plazo», señala la minuta aprobada.
La reforma energética representa un giro respecto de la legislación vigente desde hace 75 años, cuando el presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940) declaró la expropiación petrolera y estableció que la producción de energéticos sería tarea exclusiva del Estado.
Los congresos locales que la aprobaron fueron Chiapas, Querétaro, Veracruz, Estado de México, Durango, Hidalgo, Baja California Sur, durante el 13 de diciembre, y Jalisco, Sonora, Campeche, Quintana Roo, Nayarit y Coahuila un día después. Yucatán, Puebla y Tamaulipas también se sumaron.