Los grupos de autodefensa ponen a prueba la voluntad del Estado mexicano para cumplir con sus obligaciones en materia de seguridad y derechos humanos, indicó este martes Amnistía Internacional (AI) en el documento Memorándum para el presidente Enrique Peña Nieto.
Tras su encuentro en México con Peña Nieto, en una entrevista con la periodista Carmen Aristegui para CNN en Español, Shetty dijo que él y el presidente habían tenido una «discusión muy abierta» sobre los derechos humanos en el país.
En el memorándum, Amnistía señala que el gobierno actual no ha mostrado evidencias de que esté preparado para garantizar el respeto a los derechos humanos «en el marco de la política de seguridad pública», que entre otras cosas incluye la integración de las autodefensas de Michoacán a corporaciones de seguridad reconocidas por el Estado.
Los grupos de autodefensa tienen presencia en 20 de los 113 municipios de Michoacán, la mayoría de la región Tierra Caliente, donde se levantaron en armas hace casi más de un año en contra de la presencia de los criminales, principalmente del grupo de Los Caballeros Templarios.
Amnistía pide al gobierno «asegurarse de que todas las fuerzas policiales y de seguridad, así como grupos de autodefensa, respeten las normas internacionales de derechos humanos sobre el uso de la fuerza», además de que recomienda al presidente «aprovechar toda oportunidad para enviar un fuerte mensaje público estableciendo que los abusos no serán tolerados».
Sobre estados como Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua y Guerrero, donde también hay violencia, la organización critica que estos «reciben poca atención de parte de las autoridades responsables o de los medios de comunicación».
En 2013, en su reporte El estado de los derechos humanos en el mundo, Amnistía acusó que el gobierno mexicano había hecho «caso omiso» a los indicios sobre violaciones generalizadas de derechos humanos en el país durante la estrategia de seguridad nacional.
«Miembros del Ejército, la Marina y la Policía Municipal, Estatal y Federal fueron responsables de violaciones de derechos humanos graves y generalizadas cometidas en el contexto de operaciones de lucha contra la delincuencia y acciones realizadas en connivencia con bandas delictivas”, señaló entonces.
La organización no gubernamental indicó que durante el mandato de Calderón murieron más de 60,000 personas y 150,000 se convirtieron en desplazadas, por la violencia del narcotráfico.
Al respecto, Knox dijo que Amnistía Internacional no ha detectado un cambio radical en la política de combate al crimen organizado.
«Lo que vemos es una estrategia de minimizar, reducir los conflictos abiertos con otros actores armados», señaló.
«No vemos un cambio en la cultura de rendición de cuentas; no detectamos una fuerte mejora en la investigación de denuncias y el procesamiento de los responsables, y las condenas en caso de tortura, detenciones arbitrarias y desapariciones».