El único documento firmado entre la por el Gobierno federal y de Michoacán, prueba una negociación entre los grupos de autodefensa y el excomisionado de Seguridad para el estado, Alfredo Castillo.
Así lo aseguró Ignacio Mendoza, abogado de José Manuel Mireles, luego de que a través de una solicitud de información, la Secretaría de Gobernación entregó al espacio de Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, el único documento firmado sobre los acuerdos con los grupos de autodefensa.
“Esto es una prueba plena porque al estar firmada por autoridades, ese documento alcanza el rango de prueba plena. Lo primero que prueba es que sí hubo negociaciones entre la autoridad y los grupos de autodefensa», dijo el abogado.
Mireles fue detenido en la costa michoacana, el 27 de junio de 2014, el fundador del grupo de autodefensas de Tepalcatepec fue trasladado a una cárcel de alta seguridad de Hermosillo, Sonora, acusado de portar armas de uso exclusivo del Ejército.
En entrevista con Gómez Leyva, abundó que prueba que sí se les extendió un permiso, por lo menos de facto, para poder poseer y portar armas al reconocer que las tienen.
Además, que las autoridades que firman no tenían capacidad legal para hacer ese tipo de acuerdos.
También, que Alfredo Castillo y quienes negaron la existencia de estos acuerdos están incurriendo en falsedad de declaraciones, y que en virtud de este acuerdo se les hizo creer a los grupos de autodefensa que al tener contacto con la autoridad y ésta llegara a negociaciones, la portación de arma estaba justificada.
«Por eso, la defensa lo va a retomar, lo va a presentar ante el Juzgado Quinto Penal, solicitando al Juzgado que ponga el original Gobernación a su disposición y vamos a solicitar una prueba caligráfica de la firma de Alfredo Castillo y de las autoridades que firman ahí y también vamos a citar a algunos de los nombres que están ahí firmados como es la señora Morera e Hipólito Mora, para que corroboren que el documento es verídico y que sí se plasmaron las firmas y que son de ellos», abundó.
Mendoza señaló además que el objeto es hacerle ver al juez que el argumento de la defensa no sólo es tratar de probar con videos y notas, que además son hechos notorios, sino que ya existe un documento y siempre lo existió.
«Un documento por lo menos del inicio de las negociaciones de los grupos de autodefensa con el Gobierno federal y el gobierno del estado y eso esperamos que ya le genere por fin la convicción plena al juzgador de que nuestro cliente, el doctor Mireles y las demás autodefensas, sí estaban autorizadas a portar armas y esta autorización, a pesar de no tener sustento legal porque quienes firmaron no tenían atribuciones para hacer eso, al final de cuentas tiene un efecto que los excluye del delito del que los están acusando», dijo.
Dijo que para el juicio de Mireles y los demás se acredita la excluyente del delito, pero para las autoridades que signaron este acuerdo y permitieron esos registros, lo más probable es que en el futuro les provenga una responsabilidad penal por haber permitido llevar a cabo registro sin tener facultades.