Dos semanas antes de asumir la presidencia de México, Enrique Peña Nieto propuso crear una comisión nacional anticorrupción con facultades para investigar irregularidades en todos los niveles de gobierno. Pero a más de un año de que el Senado recibiera el documento la primera iniciativa formal del mandatario está detenida debido a desacuerdos entre los principales partidos.
Los grupos parlamentarios hasta ahora coinciden en el debate en comisiones en que el nuevo órgano pueda atraer casos federales, estatales y municipales, así como en que deba coordinarse con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y las autoridades de los estados. Sin embargo, difieren en otros puntos clave.
El primero de ellos consiste en si la comisión dependería del gobierno federal, como plantea el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), o si contará con autonomía constitucional, como quieren los partidos de oposición Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).
«Nosotros pedimos una fiscalía especializada en delitos vinculados a la corrupción. Entonces, esa fiscalía queríamos que tuviera autonomía constitucional y que además tuviera el nombramiento (de sus integrantes) por parte del Senado de la República y que no dependiera del presidente. Ese fue el planteamiento en el que nos atoramos», dijo el jueves pasado ante medios el líder de los senadores del PAN, Jorge Luis Preciado.
Tanto el PAN como el PRD han señalado que aceptarían que la comisión sea parte de la Procuraduría General de la República (PGR), como propone el PRI, con la condición de que se apruebe otra reforma que haga autónoma a la PGR.
Otro punto que divide a los partidos desde finales de 2012 se refiere a las facultades de la nueva comisión. El PRI plantea que esta tenga poder para sancionar casos de corrupción por la vía administrativa, con la inhabilitación de funcionarios o multas, mientras el PAN y el PRD buscan que pueda perseguir delitos, solicitando a los jueces cateos, detenciones o el uso de la fuerza.