Si el Gobierno de la Ciudad de México buscaba limitar las marchas, cortes improvisados o manifestaciones, tendrá que hacerlo con mucho cuidado. La Suprema Corte de Justicia dio por buena -declaró constitucional- la ley de Movilidad de la Ciudad de México que obliga a los convocantes de cualquier manifestación a avisar a las autoridades dos días antes de la celebración de la misma. Sin embargo, los magistrados señalaron en su fallo que el hecho de no avisar en el citado plazo, no convierte a las marchas o movilizaciones en ilegales y, por tanto, no faculta a la autoridad a disolverlas.
Distintas organizaciones sociales entendieron que este aviso suponía un ataque a la libertad de expresión y manifestación recogida en la Constitución, al entender que se exigía la autorización oficial.