El Primer Tribunal Unitario Penal del Primer Circuito en el Distrito Federal confirmó la orden de aprehensión contra Napoleón Gómez Urrutia, líder minero de México
Además, al secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), la autoridad judicial le negó un amparo, por considerarlo infundado.
Lo anterior se determinó al comprobarse «la existencia de datos que acreditan suficientemente el cuerpo del delito, así como su probable responsabilidad penal» en el desvío de los 55 millones de dólares del fideicomiso minero F/9645-4.
La decisión, que se tomó el martes, ordena la inmediata localización y captura de Gómez Urrutia para ponerlo a disposición del juez federal de la causa, a fin de que rinda su declaración preparatoria y se resuelva su situación jurídica.
Lo anterior, luego de que se negara un amparo solicitado por el dirigente minero contra las órdenes de aprehensión giradas y confirmadas por al menos tres tribunales penales federales.
Gómez Urrutia es acusado de la presunta liquidación ilegal del fideicomiso minero, que ascendía a 55 millones de dólares y que debían ser distribuidos entre los trabajadores sindicalizados pertenecientes a las secciones del gremio vinculadas a Grupo México.
Durante la dirigencia de Gómez Urrutia ocurrieron sucesos como la explosión de la mina de Pasta de Conchos en 2006, donde murieron 66 mineros, así como las huelgas en Cananea, Sombrerete y Taxco.
Gómez Urrutia —hijo de Napoleón Gómez Sada, líder minero por más de 40 años— aseguró que el gobierno había iniciado una persecución en su contra y se exilió en Vancouver, Canadá. Hasta la fecha, desde ahí ha dirigido al sindicato minero.
En mayo de 2008, una asamblea lo reeligió como dirigente para el periodo 2008-2014. El gobierno de Felipe Calderón se negó a reconocerlo, pero la Suprema Corte concedió al gremio un amparo que obliga a las autoridades a reconocerlo.
La Cooperativa Veta de Plata refirió que el magistrado de Circuito, Luis Núñez Sandoval, titular del tribunal penal, desestimó el juicio de garantías 51/2013, al no encontrar motivos para suplir su deficiencia, ya que los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso resultaron inoperantes e infundados.
Además de que los representantes legales del dirigente minero no acudieron a la audiencia constitucional celebrada el pasado martes.