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El procurador de los Derechos Humanos en Guanajuato, José Raúl Montero de Alba, señaló que en el Estado identificaron riesgos en el derecho a la salud, en particular, sobre el personal médico que hace frente a la pandemia; el acceso al agua y el saneamiento; la asistencia social y el derecho a una vida libre de violencia en el ámbito doméstico.
El Ombusdperson lo expuso durante la reunión con La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, donde se abordaron los derechos humanos durante la pandemia del COVID-19.
Refirió que se detectó que las mujeres son el grupo de mayor riesgo ante el aumento de casos de violencia doméstica, al igual que adultos mayores, personas con discapacidad, las privadas de su libertad, las niñas y niños, los pueblos y comunidades indígenas y las personas migrantes.
Explicó que las medidas adoptadas por el Estado mexicano han tenido un enfoque preventivo, sin suspender derechos, a partir del establecimiento de medidas preventivas, entre ellas la campaña de sana distancia, el aislamiento domiciliario voluntario y la suspensión de actividades consideradas no esenciales.
En el caso de la Procuraduría se ha realizado el monitoreo sobre el cumplimiento y respeto a la dignidad.
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El propósito, detalló, es que la crisis sanitaria, social y económica, no se vuelva también una en materia de derechos humanos por la supresión de derechos y libertades que contravengan los principios que marca la Constitución y los Tratados Internacionales de los que México forma parte.
Por último se acordo generar iniciativas que contribuyan a la protección de todos sus derechos, lo cual quedó plasmado en el Webinario que organizó la PDHEG en colaboración del organismo iberoamericano sobre la materia.
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