La Dirección General de Armamento destruyó ayer 487 armas de juguete, por orden de la presidencia del Poder Judicial.
Esas armas fueron decomisadas por las autoridades entre enero de 2001 y el 31 de diciembre del 2010.
Por mucho tiempo, esas armas de juguete fueron llevadas al Arsenal Nacional, lo que limitaba el espacio para guardar otras evidencias que se recibían de los juzgados. No obstante, desde el 2007, las armas de juguete son custodiadas por el Depósito de Objetos del Poder Judicial y no por el Arsenal Nacional.
CRÉDITO: Guillermo Solano, MSP
Este viernes una comitiva de diputados de Guanajuato acudirá al Congreso de la Unión para presentar un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para agilizar una reforma que impida a las personas que portan armas de fuego de uso exclusivo del ejército y de las fuerzas aéreas no obtengan libertad, ya que en su mayoría son utilizadas para cometer diversos delitos.
Al tratarse de una materia federal los legisladores locales solicitarán que los diputados federales modifiquen el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Mexicana, a fin de que aquellas personas que se les detecte este tipo de armas se les deje en prisión preventiva, para que se les investigue en la actuación de algún delito.
Además para que el delito sea considerado grave y no alcance la libertad con el pago de una fianza.
La diputada panista Angélica Casillas Martínez leyó el Punto de Acuerdo aprobado en la Junta de Gobierno y Coordinación Política a propuesta de Acción Nacional.
La legisladora hizo hincapié en la necesidad de concretar esta reforma con la finalidad de inhibir el delito de portación de armas.
“De esta manera y con las políticas públicas que habrán de aplicarse, se podrá tener mayor seguridad, paz y tranquilidad para los gobernados, sabedores de que quien cometa presumiblemente un delito considerado grave estará en prisión preventiva de origen y al ser responsable del mismo seguirá en prisión cumpliendo la pena que habrá de imponérsele por la autoridad jurisdiccional”, apuntó.
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Éctor Jaime Ramírez Barba, pidió que senadores y diputados federales no se hagan patos con las iniciativas radicadas en ambas cámaras.
La urgencia se debe a que el próximo 30 de abril culmina el periodo ordinario del Congreso de la Unión y es urgente concretar la reforma para evitar que delincuentes puedan librar la cárcel.
Actualmente la legislación permite que personas detenidas con armas en su poder, puedan pagar fianza, a consideración del Juez y enfrentar el proceso penal en libertad, con el riesgo de reincidir.
