La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos calificó al Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto como el más peligroso para la protección de los derechos humanos de los mexicanos con un registro de más de 615 agresiones a defensoras.
En una conferencia de prensa, las activistas compartieron un posicionamiento público donde denunciaron una situación de alto riesgo en materia de derechos humanos en el país.
“Los primeros años del Gobierno de Enrique Peña Nieto han sido los años con más agresiones registradas y por ende los más peligrosos para las defensoras”, expresó Luz Estrada Castro, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en Chihuahua.
Destacó que de 2012 a 2014, la red ha documentado 615 agresiones contra defensoras y mujeres periodistas: 118 agresiones en 2012, 189 en 2013 y 308 en 2014.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos (RNDDH) está conformada por 189 defensoras de mujeres indígenas, transexuales, periodistas y migrantes en 23 estados.
Las activistas también denunciaron que el Estado mexicano ha actuado con negligencia y complicidad en los ataques y amenazas.
“El Gobierno mexicano, en sus tres niveles, es responsable y cómplice de dicha escalada de violencias, por sus acciones y por su incumplimiento de su mandato de proteger a las y los defensores”, señaló Luz Estrada.
Carolina Ramírez, activista de Veracruz, reveló que de enero a octubre se han contabilizado 93 feminicidios y 153 mujeres desaparecidas en esa entidad.
En tanto, Bettina Cruz, activista que se opone a los megaproyectos eólicos en Oaxaca, denunció amenazas de muerte y hostigamiento en el proceso que se libra en Juchitán.
Los habitantes de la comunidad zapoteca de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, que se oponen a la construcción de un parque eólico en su territorio, han señalado en reiteradas ocasiones que el proceso de consulta para la construcción de la obra estuvo llena de irregularidades por parte de la Secretaría de Energía (Sener).
El proyecto en cuestión es un parque eólico de la empresa Eólica del Sur, financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que produciría 396 megawatts y se sumaría a los 21 proyectos eólicos que actualmente existen en la región.
La dependencia federal anunció el pasado 4 de agosto que la población dio su consentimiento al proyecto, hecho que fue desmentido por los opositores al proyecto, sus representantes legales y organizaciones civiles, quienes acusaron al Gobierno federal de violar los cuatro principios que deben regir una consulta ciudadana conforme a estándares nacionales e internacionales: que sea previa, libre, informada y de buena fe.
En el caso de Juchitán, la población ha rechazado el proyecto desde 2013. Pese a que consiguieron que las autoridades respetaran su derecho a la consulta, han denunciado que ésta estuvo llena de vicios desde el principio.
El proceso de consulta concluyó el pasado 31 de julio y cuatro días después la Sener informó en un boletín de prensa que la comunidad había otorgado su aval a partir de una consulta libre e informada.