TAPAR EL BACHE DE LA INSEGURIDAD

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Por: Federico Velio Ortega.

Con iniciativas, la bancada panista trata de tapar el bache de la inseguridad en el estado

A diputados y diputadas les hicieron una “limpia”. Vaya que la necesitan para echar “malas vibras” y puedan hacer propuestas más trascendentes.

Así el Congreso de Guanajuato: un panismo a la defensiva, con contadas propuestas, respondiendo a embestidas de la bancada morenista y manteniendo el pleito con las obsesiones mutuas: el gobierno estatal por los guinda y el federal por los azules.

El Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) sigue con golpeteo constante en primeros asaltos. El Partido Acción Nacional responde con archivar las iniciativas de la oposición y continúa una legislatura de largas, pero poco productivas y casi intrascendentes sesiones.

Línea panista en materia de seguridad

Iniciativas panistas para cobijar resultados en seguridad pública

Tras la cobijada comparecencia de Álvar Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad Pública del Estado, la diputación panista tomó iniciativa en temas relacionados con ese rubro. En la sesión de este jueves, la bancada blanquiazul presentó dos iniciativas: una para reformar el Código Penal del Estado de Guanajuato para establecer una agravante en el delito de feminicidio para los casos en que la víctima sea menor de edad; y para sancionar con más rigor a quien porte armas cuando extorsione.

La diputada María de la Luz Hernández Martínez mostró un panorama sobre el feminicidio en el país: de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se han reportado 736 feminicidios en todo el país en el 2021, 35 más que para la misma fecha en 2020; durante el mes de agosto pasado, se reportaron 105 feminicidios, la cifra más alta en los últimos años.

Lo que la legisladora omitió fue la numeralia sobre esos temas en Guanajuato, donde el problema se ha agudizado en los últimos años. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.

La otra iniciativa presentada por las y los panistas reforma al Código Penal del Estado de Guanajuato para modificar el bien jurídico que se tutela a través de la extorsión. Proponen especificar en una de las actuales agravantes de la extorsión la portación de arma de fuego y se aumenta de una mitad del mínimo a una mitad del máximo la pena del básico.

La diputada Lauria Cristina Márquez Alcalá presentó un panorama sobre este delito, que ha tenido un crecimiento exponencial en Guanajuato y que ha sido ineficazmente atacado en la entidad. Una propuesta que poco o nada ayudará mientras haya muy pocas denuncias y demasiado pocos detenidos. Fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.

Los morenos siguen con el metralleo de iniciativas y esta vez fue una que tradicionalmente no ha sido un tema de la izquierda: “con el objetivo de impedir el establecimiento de asentamientos humanos irregulares y apoyar a las víctimas de este delito”, el diputado Ernesto Prieto Gallardo presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Guanajuato para sancionar a fraccionadores irregulares.

Vía digital, el legislador comentó que en un lapso de 10 años se tuvo un promedio de 3.4 investigaciones anuales correspondientes al delito, tomando en cuenta que en el municipio de León se tienen identificados 113 fraccionamientos irregulares. También agregó que en Celaya se tiene un registro de 224 y en Irapuato otros 48 fraccionamientos irregulares.

Dijo que la Fiscalía General del Estado sólo en dos denuncias se ejerció la acción penal, sin haber alguna sentencia dictada, por lo que el crecimiento de este delito hacía que se llevaran a cabo reformas que ayuden a víctimas con la reparación de daños, cuando se compre un inmueble de un asentamiento irregular a base de engaños y falsas promesas.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia y llama la atención no haya propuesto alguna ley para impulsar la vivienda popular.

Y la que sí siguió una línea constante de Morena, fue Irma Leticia González Sánchez, quien presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato para darle atribuciones al Comité Municipal Ciudadano para el proceso y designación del titular de la Contraloría Municipal.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Asuntos Municipales para su estudio y dictamen (y bateo).

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Por una parte, Morena ha planteado la democratización de la administración pública y los órganos de gobierno vía la participación ciudadana; por otro lado, es evidente su rechazo a órganos autónomos.

La misma diputada presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, “con la finalidad de que los organismos autónomos también puedan ser llamados a comparecer ante el Congreso del Estado”.

La iniciativa también plantea adicionar dos atribuciones a las Comisiones Legislativas; la primera, para que puedan requerir a la Junta de Gobierno y Coordinación Política la solicitud de comparecencia de los servidores públicos ante la propia Comisión cuando ésta trate algún tema relacionado con las funciones de estos; la segunda para que sea la propia Comisión quien establezca los términos, duración y formato de dichas comparecencias, lo anterior dijo, sin perjuicio de que la propia Junta de Gobierno y Coordinación Política mantenga las atribuciones de comparecencia cuando ésta se dé ante el Pleno del Congreso.

Finalmente, mencionó que estas atribuciones estarían en concordancia con la posibilidad que ya se establece en otras legislaciones, tales como aquellas que ya se sancionan en el ámbito federal y en la CDMX donde las Comisiones tienen dicha posibilidad.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen y, de aprobarse, las y los responsables de los órganos autónomos tendrán que pedirle asesoría a Lorenzo Córdoba.

El otrora poderoso PRI, vía Ruth Noemí Tiscareño Agoitia y Alejandro Arias Ávila, presentó una iniciativa de reforma a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, a fin de ampliar la licencia de paternidad a 15 días hábiles, cuando en el seno de la familia del trabajador haya un recién nacido.

La diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia destacó la importancia de que ambos padres cuenten con el tiempo suficiente en los primeros días de la llegada del nacido, pues es una actividad que no se debe recargar únicamente en la progenitora. La iniciativa contempla ampliar a 20 días hábiles las licencias por causales que abordan temas vinculados a afectaciones a la salud.

Expresó que las licencias de paternidad favorecen a los hombres, al permitirles ejercer una paternidad más plena y que beneficia el desarrollo de las infancias, las cuales gozarán de una crianza compartida.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen. Es una propuesta interesante y no debe haber pretexto para su aprobación.

El resto de la chiquillada también hizo su chamba. El Grupo Parlamentario del PVEM presentó una iniciativa de reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, en materia de capacitación a elementos de seguridad pública.

El diputado Gerardo Fernández González explicó que la iniciativa busca que las instituciones de seguridad pública del Estado y los municipios operen y capaciten a sus elementos bajo los protocolos mínimos de actuación que les permitan desempeñar su función para brindar seguridad conforme al marco jurídico, lo cual dijo, servirá para mejorar el ejercicio de la función policial y de seguridad pública.

La propuesta es pertinente tuvo una fundamentación bastante bien sustentada. La iniciativa se turnó a la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones para su estudio y dictamen.

Exhortos

Los priistas se anotaron un punto cuando el Pleno del Congreso local exhortó al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para que dé difusión por todos los medios de comunicación disponibles, y de manera ordinaria, del contenido del programa piloto de seguridad social para las trabajadoras domésticas, toda vez que, de acuerdo con los datos disponibles hasta junio pasado, solamente ha registrado a 33 mil 465 personas de los 2 millones de personas que se tienen registradas ejerciendo esa labor, todo ello con la finalidad de cumplir con el derecho fundamental a la seguridad social y a los lineamientos que en la sentencia del amparo directo 09/2018 dictó la segunda sala de la suprema corte de justicia de la nación.

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La diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia presentó la numeralia para sustentar su propuesta y se refirió al juicio de amparo directo 09/2018, resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se analizó la constitucionalidad de la norma establecida en el artículo 13, fracción II de la Ley del Seguro Social, la cual excluía del régimen obligatorio de la seguridad social a los trabajadores domésticos.

La diputada Katya Cristina Soto Escamilla agregó más datos habló a favor de la propuesta. El pleno aprobó.

Los morenos lograron esta vez unificar criterios y consiguieron que el pleno aprobara un exhorto al Senado de la República para que, durante el análisis, discusión y dictaminación del dictamen emanado de la Cámara de Diputados correspondiente a la reforma y adición de diversas disposiciones a la Ley General de Salud, cuyo objetivo es el de regular la práctica de las medicinas tradicionales indígenas y complementarias, se consideren los derechos humanos colectivos de los pueblos indígenas, en especial el derecho a la consulta previa, a la autonomía y libre determinación, así como a la conservación de sus propias medicinas tradicionales y sus prácticas de salud.

La aguerrida Alma Edwviges Alcaraz Hernández habló sobre el dictamen de reforma la Ley General de Salud que pretende regular la práctica de las medicinas tradicionales indígenas y complementarias.

Con la presencia de personas indígenas que practican la medicina tradicional, los diputados se fueron sumando. Bricio Balderas Álvarez señaló que partían de que la salud era un derecho humano consagrado en la Carta Magna y que México y Guanajuato, se caracterizaban por su riqueza cultural que formaba parte medular de la historia, y dentro de esa riqueza se encontraba la de los pueblos y comunidades indígenas, que no solo aportaban sus tradiciones y costumbres sino también sus diferentes practicas medicinales, las cuales adquirían de generación en generación.

Los indígenas correspondieron con una ceremonia de purificación ofrecida a legisladores en la explanada del congreso.

Bateos a Morena

Alma Edwviges Alcaraz Hernández presentó una propuesta de punto de acuerdo de obvia resolución, a efecto de exhortar a los titulares del Ejecutivo Estatal y de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones presenten una iniciativa de Ley de Ingresos del Estado que no incremente el monto de la deuda pública del Estado, así como al Gobierno Estatal a revisar sus prioridades presupuestales, con la finalidad de garantizar la protección de los derechos humanos y atender las necesidades de las víctimas de la violencia en la entidad, estableciendo modelos autosuficientes de recaudación fiscal para incrementar los ingresos presupuestarios del estado sin recurrir al incremento de la deuda pública.

La propuesta, dirigida a un fin noble, llevaba su jiribilla: cuestionar la política de empréstitos adquiridos por el gobierno estatal. Por eso brincó el panista Víctor Manuel Zanella Huerta, quien devolvió la bola con críticas al endeudamiento federal. Luego soltó numeralia para hablar del supuesto uso correcto que el gobierno emanado de su partido hace con el dinero prestado.

La solicitud de obvia resolución fue aprobada, sin embargo, la propuesta de punto de acuerdo no fue aprobada, por lo que instruyó el archivo de la misma.

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Y siguió el peloteo: Ernesto Prieto Gallardo presentó un punto de acuerdo para exhortar al Gobernador del Estado de Guanajuato, a fin de que al momento de remitir al Poder Legislativo el Proyecto de Iniciativa de Ley del Presupuesto General de Egresos para el Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal 2022, éste sea realizado con base en medidas reales de austeridad, racionalidad, eficacia y eficiencia en el gasto, privilegiando a los sectores más desfavorecidos de la sociedad Guanajuatense y dejando de lado opulencias, lujos, derroches y gastos innecesarios.

Y de nueva cuenta Zanella Huerta salió al quite azul, habló en contra del punto de acuerdo y subrayó que estaban en contra de votar obviedades porque el exhorto refería cumplir con los principios que ya se encontraban en ley.

Prieto Gallardo mantuvo su postura, pero de nada valió: el trámite de obvia resolución solicitado por el iniciante fue aprobado, pero aAl someterse a votación la propuesta de punto de acuerdo no fue aprobada y se instruyó su archivo.

Apapacho azul y revire morenista

En la sesión ordinaria del Pleno del Congreso del Estado se declararon revisados diversos informes de resultados de auditorías realizadas por el entonces Órgano de Fiscalización Superior, ahora Auditoría Superior del Estado de Guanajuato:

Ala administración pública municipal de León, por los meses de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal del año 2012, por los ejercicios fiscales 2013 y 2014, así como por los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre del ejercicio fiscal 2015, en cumplimiento a la sentencia ejecutoria emitida por el Juez Tercero de Distrito en el Estado dentro del juicio de amparo tramitado bajo el expediente número 965/2019-V, promovido por el ciudadano Carlos Gustavo Torres Navarro.

De igual manera, de las auditorías practicadas a la infraestructura pública municipal respecto de las operaciones realizadas por Purísima del Rincón y Santa Catarina; así como a la auditoría de desempeño practicada a Moroleón, con enfoque a resultados del servicio de alumbrado público, todas correspondientes al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

Alma Alcaraz Hernández de inmediato brincó y habló en contra de los dictámenes y cuestionó al órgano fiscalizador.

«La autonomía ha sido mal entendida y nos encontramos con una Auditoría Superior que más que ser un brazo, un órgano técnico, parte operativo y parte de este Congreso y de este Poder Legislativo, se ha convertido en un ente totalmente ajeno este Congreso. La Auditoría Superior del Estado va por la libre sin rendirle cuentas a nadie en las revisiones que realiza”.

Hizo observaciones al caso de León y afirmó que era necesario que la Auditoría Superior de la Federación hiciera una auditoría a los recursos con los que se pagaron los “vales grandeza”.

En la sesión, se acordó el archivo definitivo de ocho iniciativas presentadas en la LXIII Legislatura del Congreso del Estado que proponían diversas modificaciones a los Códigos Penal, Civil y de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato; así como a la Ley de Archivos Generales del Estado y los Municipios de Guanajuato.

La diputada Irma Leticia González Sánchez manifestó contra el archivo de la iniciativa de Ley de Archivos Generales del Estado y los Municipios de Guanajuato.

Los informes de resultados formulados por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato relativos a las auditorías practicadas a la infraestructura pública municipal, respecto a las operaciones realizadas por las administraciones municipales de Pueblo Nuevo y San Felipe; así como los relativos a las revisiones practicadas a las cuentas públicas de Atarjea, Huanímaro, Moroleón, San Felipe, Santa Catarina, Santiago Maravatío, Uriangato y Victoria, correspondientes al ejercicio fiscal 2020, se turnaron a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen.


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