Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina en legalizar la marihuana, con un modelo único en el mundo a través del cual el Estado regulará la producción, distribución y venta de la droga.
La legislación recibió la aprobación del Senado este martes con 16 votos a favor y 13 en contra, luego de que en julio pasado la Cámara de Diputados pasó el documento con 50 votos a favor, de 96. A partir de ahora inicia un periodo de 120 días para su reglamentación.
La iniciativa ha sido impulsada por el presidente, José Mujica, y su partido, el Frente Amplio, como parte de una nueva estrategia contra el narcotráfico.
«La lucha contra el tráfico de drogas está perdida a nivel mundial» y por ello «buscamos alternativas», afirmó Mujica.
El mandatario envió el proyecto al Congreso en agosto de 2012, bajo la premisa de que si el Estado asume el control de las actividades vinculadas con la marihuana (cultivo, importaciones, exportaciones, distribución, entre otras), los males de la delincuencia organizada se reducirán y la calidad de la planta mejorará, beneficiando a pacientes y quitándole negocio a los narcotraficantes.
«Se está fracasando en el mundo entero con la vía represiva», dijo el presidente al Canal 4 de la televisión uruguaya este martes.
El mandatario reconoció que el país no se encuentra totalmente preparado para la legalización, pero su gobierno no quiere «dejar regalado al narcotráfico ese mercado que hoy existe».
«Existe mucha duda y la duda es legítima, pero la duda no nos puede paralizar de ensayar nuevos caminos ante un problema que nos tiene agarrados por todos lados”, aseguró.
Sin embargo, opositores critican que abrir el mercado y poner la droga a disposición de la gente aumentará los niveles de adicción.
El consumo de marihuana en Uruguay es legal desde hace 40 años, pero esta ley también permite el cultivo y la venta.
Según la legislación, los ciudadanos podrán cultivar hasta seis plantas de marihuana y poseer 480 gramos para uso personal o adquirir en farmacias un máximo de 48 gramos por mes. Además, se permitirían los clubes de entre 15 y 45 miembros para cultivar hasta 99 plantas.
También establece un ente estatal regulador que abrirá un registro de consumidores y se encargará de emitir licencias, así como controlar la producción y distribución de la droga.
Y crea programas preventivos contra la adicción, los cuales deberán ser impulsados por las instituciones de enseñanza.