La diputada del PAN en el Congreso local, Angélica Casillas Martínez, presentó una iniciativa para darle facultad a la Auditoria Superior del Estado de Guanajuato para obrar contra funcionarios o ex funcionarios que hayan incurrido en omisiones por conflicto de intereses.
Actualmente la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, no cuenta con la facultad de castigar los casos por omisión, y el objetivo que ante una reincidencia de omisiones estas puedan ser castigadas.
“Cuando exista conflicto de intereses por parte de los servidores públicos responsables de ejercer dichas acciones civiles, deberán informarlo en el término de quince días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación del acuerdo del Congreso, justificando las causales de conflicto de intereses en las que se ubican y se abstendrán de ejercer cualquier acción”, señaló.
La legisladora explicó que tratándose de las responsabilidades civiles, el sujeto de fiscalización, por conducto de su titular o en quien se encuentre delegada dicha facultad, procederá a ejercer las acciones civiles en la vía y forma que corresponda, ante la autoridad, dentro del término de tres meses contados a partir del día siguiente a la notificación del acuerdo del Congreso.
La panista expuso que ahora que se han hecho las auditorias, se han detectado que muchas de las omisiones que los ex servidores públicos han cometido, se puede presumir que han sido intencionales, porque hay un compadrazgos en los entes involucrados.
Citó el caso de los municipio de Tarimoro y Doctor Mora, donde se encontró muy recurrente esto.
“Qué sucede cuando los responsables de presentar las demandas civiles, sabedores de su conflicto de interés, no se excusan y dejan fenecer los plazos establecidos para iniciar el juicio civil. Es por ello que, quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, consideramos viable dotar a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, de facultades para atraer el ejercicio de las responsabilidades civiles en aquellos casos en los que los responsables de hacerlo estén impedidos por intereses y, pese a actualizarse dicha causal y, no se excusen. Lo anterior con el fin de perseguir el resarcimiento del daño provocado al erario”.
Casillas Martínez destacó que la reforma pretende que no exista impunidad en la presentación de recursos para resarcir el daño a Municipios.
Explicó que en algunos casos los contralores municipales, no denuncian el hecho porque los funcionarios son sus amigos, familiares o compadres.