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Por: Federico Velio Ortega
La diputada morenista Irma Leticia González Sánchez promueve la gratuidad de la educación en la Universidad de Guanajuato; la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez, impulsa una iniciativa para sancionar con más rigor a quien conduzca en estado de ebriedad.
Ambas propuestas son, de primera vista, de gran beneficio para la sociedad. La primera, incluso, refuerza y da forma al derecho humano fundamental de la educación. El problema, en ambos casos, es la incongruencia político ideológica de los gobiernos y partidos que representan.
Irma González está haciendo un trabajo digno como presidenta de la Mesa Diretiva del Congreo. Es una morenista tranquila, sin estridencias, prepotencias o fanatismos proamlo de algunos de sus compañeros de bancada.
Sin embargo, quizá ella o sus asesores no tienen los otros datos: los recortes de la federación a los programas estatales de educación y cultura.
La presente administración federal, en una visión sectaria y poco democrática, hace un manejo estratégico de recursos asignados a las entidades: los suelta si gobiernan afines, los maneja por su cuenta si gobierna otro partido que no sea parte de la 4T.
Y pongo dos ejemplos de lo que pasa en Guanajuato: la reducción de 8 millones a 300 mil pesos de recurso federal para programas conjuntos con el Instituto Estatal de Cultura de Guanajuato y el retiro de becas para programas académicos de la Universidad de Guanajuato, entre ellos el doctorado en Historia.
La diputada documenta en su exposición de motivos lo que cobra la UG y con ello fundamenta su propuesta de gratuidad en cobros por fichas y colegiaturas, pero no presenta impacto administrativo y señala que la propia UG absorba el costo, sin hacer una propuesta presupuestal mínima razonable.
Dice que la federación aportaría luego los recursos. ¿A cambio de qué? ¿Financiarán a esa universidad aspiracionista y neoliberal o le pedirán que se adhiera a la cuarta transformación para merecer recibir el dinero del pueblo? Sólo pregunto.
Ni la diputada ni su grupo parlamentario ni su partido han informado qué pasa con la Universidad Benito Juárez en Guanajuato. Si el modelo universitario impulsado por la 4T es exitoso, daría argumentos para creer en la viabilidad y trascendencia de su propuesta para la UG.
En el caso de Alejandra Gutiérrez, es sabido que un incidente registrado hace días, en el que un ebrio arrolló a un agente de tránsito, movió a buscar mayores sanciones para quien maneje borracho.
El “detalle” es que el municipio tiene en el cobro a antros, restaurantes y bares, donde se consume alcohol, un ámbito de ingreso propio.
Hay ineficiencia (por no decir corrupción) para sancionar o al menos atender a quienes se exceden en horarios y dejan entrar a menores de edad a consumir licor. Durante la pandemia, fueron múltiples los casos que violaron las disposiciones sanitarias. Derechos y multas ayudan en mucho a unas raquíticas arcas municipales.
Como se observa, para decirle “greñudo” a alguien, hay que estar peinado.
Esperemos que ambas propuestas sean aprobadas (la de Alejandra es un hecho, la de la diputada será rechazada). Esperemos programas y acciones de prevención en el consumo de alcohol en León y de que la federación retome el camino que ha extraviado en el ámbito educativo y cultural.
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